La Contraloría General de la República reveló que 485 funcionarios de la Administración Central permanecieron suspendidos preventivamente entre 2020 y marzo de 2026, manteniendo el pago íntegro de sus remuneraciones. El informe destaca que 30 de estos casos superan los tres años de suspensión, con situaciones extremas que alcanzan los cuatro años y siete meses en instituciones como Mejor Niñez y los Servicios Locales de Educación Pública. Solo en los diez casos más extensos, el Estado ha desembolsado 671 millones de pesos en sueldos para trabajadores que no desempeñaban sus funciones. El organismo fiscalizador detectó irregularidades adicionales, incluyendo 22 funcionarios que realizaban otras actividades remuneradas durante su suspensión, además de casos de personas que viajaron al extranjero o asistieron a casinos mientras estaban apartados de sus cargos. También se identificaron situaciones donde los fiscales a cargo de los sumarios ya no prestan servicios en las instituciones o donde los investigados cumplían prisión preventiva simultáneamente. Estas anomalías evidencian una falta de control administrativo sobre los plazos de los procesos disciplinarios, los cuales, según la normativa, no deberían exceder los 60 días hábiles. Ante este escenario, la Contraloría ordenó que los 30 sumarios más antiguos sean retirados de sus servicios de origen para ser tramitados directamente por el ente fiscalizador, con el fin de determinar responsabilidades administrativas. Asimismo, se instruyó a las entidades con suspensiones superiores a un año a justificar la medida o agilizar su término en un plazo de 15 días hábiles. La institución emitió el Instructivo N°29 para reforzar el monitoreo a través del Sistema de Acciones Derivadas, buscando evitar la arbitrariedad y el uso ineficiente de recursos públicos.

Análisis político

La estrategia de la Contraloría se centra en el ejercicio de su rol fiscalizador para corregir ineficiencias estructurales en la Administración Central, utilizando la transparencia de datos como herramienta de presión política. Al asumir directamente la tramitación de los casos más críticos, el organismo busca establecer un precedente de rendición de cuentas, desplazando la responsabilidad desde los servicios públicos hacia las autoridades que omitieron el control de los sumarios. Este movimiento posiciona a la Contraloría como un actor que busca recuperar la probidad administrativa frente a la percepción de desidia estatal. En este evento, el gran perdedor es la gestión de los servicios públicos involucrados, cuya inoperancia ha generado un costo fiscal millonario y un daño reputacional significativo al Estado. Por otro lado, la ciudadanía y el erario público ganan con la intervención, aunque la narrativa se construye bajo una tensión clara: mientras la Contraloría enfatiza la necesidad de eficiencia y celeridad, los servicios afectados quedan expuestos por la falta de fiscalización interna. Esta dinámica permite al ente contralor fortalecer su legitimidad institucional al actuar como el garante del uso correcto de los recursos públicos frente a la inacción de las jefaturas de servicio.