La plenaria de la Cámara de Representantes fue convocada para sesionar el lunes 2 de noviembre, día festivo, con el objetivo de avanzar en la aprobación del proyecto de ley de sometimiento a la justicia. El presidente de la corporación, Nicolás Barguil, confirmó la medida ante la urgencia de aprobar la iniciativa antes del 4 de noviembre, fecha en la que vence la actual Ley de Orden Público. El Gobierno nacional envió mensaje de urgencia para asegurar el trámite legislativo en el tiempo restante. El proyecto, radicado originalmente por el exministro del Interior Rodrigo Lara, busca establecer un marco jurídico para que grupos armados organizados y bandas criminales se entreguen a la justicia sin recibir estatus político. La propuesta incluye beneficios penales, como reducciones de hasta el 50% de la pena, siempre que los integrantes se comprometan al desmantelamiento de sus estructuras y a la entrega de información sobre nexos de corrupción. El ministro de Justicia encargado, Iván Cancino, ha reiterado que esta normativa no beneficiará a criminales sin garantías y que el proceso se mantendrá bajo la jurisdicción ordinaria. Durante el trámite, se han incorporado ajustes significativos, como la exclusión de beneficios para quienes hayan reclutado menores de 14 años y el aumento del tiempo de pena cumplida para terceros vinculados a lavado de activos. El senador Hernán Cadavid defendió que la iniciativa no crea una justicia alternativa ni sustituye el Estado de derecho, respondiendo a críticas sobre la naturaleza del mecanismo. El Congreso enfrenta el desafío de debatir cerca de 320 proposiciones pendientes antes de la fecha límite para evitar un vacío legal en la política de seguridad.

Análisis político

La estrategia política del Gobierno se centra en una carrera contra el tiempo para consolidar un cambio de paradigma en la seguridad, distanciándose explícitamente de la política de 'paz total' de la administración anterior. Al convocar sesiones en días festivos, el Legislativo busca proyectar una imagen de disciplina y eficacia, utilizando el mensaje de urgencia como herramienta para presionar a las bancadas y evitar que el vencimiento de la Ley de Orden Público genere una crisis de gobernabilidad. La narrativa oficial se construye sobre la idea de 'mano firme' y sometimiento judicial, contraponiéndose a la idea de negociación política con actores armados. El Gobierno y los sectores que apoyan la iniciativa ganan al lograr un avance legislativo rápido que cumple con sus promesas de campaña, mientras que los sectores críticos o aquellos que abogan por la continuidad de los diálogos pierden capacidad de maniobra ante la premura del cronograma. La construcción de narrativas es divergente: mientras el oficialismo presenta la ley como una herramienta técnica de justicia ordinaria, los críticos intentan equipararla con modelos de justicia transicional, obligando a los ponentes a defender la constitucionalidad y el rigor penal del proyecto para evitar comparaciones con la Jurisdicción Especial para la Paz.