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Noviembre 5, 2026
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Presidente De La Espriella sanciona la Ley de Sometimiento y finaliza la Paz TotalActualizado · hoyi

Resumen i

El presidente Abelardo De La Espriella sancionó la Ley de Sometimiento el 4 de noviembre, oficializando el marco jurídico que reemplaza la política de 'paz total' del gobierno anterior. La norma, aprobada previamente por el Congreso sin necesidad de conciliación, establece condiciones estrictas para que los integrantes de grupos armados ilegales se entreguen a la justicia ordinaria. El mandatario enfatizó que esta legislación prioriza la autoridad estatal y el cumplimiento de penas, descartando cualquier negociación política con organizaciones criminales.

La ley estipula beneficios penales diferenciados, como reducciones de hasta el 50% para integrantes de base y del 30% para cabecillas, siempre que cumplan con la entrega de armas, bienes ilícitos y la reparación a las víctimas. Se excluye explícitamente de cualquier beneficio a los responsables del reclutamiento de menores de edad y se mantienen vigentes las órdenes de captura y extradición. El ministro de Justicia, Iván Cancino, subrayó que la normativa exige la revelación de nexos de corrupción con funcionarios públicos y políticos como requisito para acceder a los beneficios.

La oposición, liderada por el Pacto Histórico, cuestionó la medida argumentando riesgos de impunidad y posibles afectaciones a la protesta social. Por su parte, el Gobierno defendió la rigurosidad de la ley, señalando que el modelo anterior fortaleció a los grupos armados en lugar de desmantelarlos. La entrada en vigencia de esta norma era urgente, dado que la anterior Ley de Orden Público expiraba el 4 de noviembre, marcando un cambio definitivo en la estrategia de seguridad nacional.

Análisis Político i

La estrategia del Gobierno se centra en la ruptura narrativa con la administración anterior, utilizando la sanción de esta ley como un símbolo de autoridad y orden. Al eliminar la figura de los 'gestores de paz' y las mesas de negociación, el Ejecutivo busca capitalizar políticamente el descontento ciudadano frente a la inseguridad, posicionándose como un actor que impone condiciones al crimen en lugar de pactar con él. Esta postura refuerza su base electoral al cumplir una promesa de campaña clave sobre la seguridad.

En este escenario, el Gobierno gana legitimidad ante sectores que exigían mano dura, mientras que el Pacto Histórico pierde su principal bandera de política pública, quedando relegado a una oposición que intenta denunciar riesgos de impunidad sin éxito legislativo. La construcción de narrativas es divergente: mientras el oficialismo presenta la ley como un instrumento de justicia y verdad, la oposición la califica como un retroceso que ignora las lecciones de procesos anteriores, evidenciando una polarización profunda sobre el concepto de paz en el país.

Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente

✓ VERIFICADO
Información corroborada por 22 medios independientes, incluyendo fuentes institucionales: Senado de la República .

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