El Gobierno Nacional anunció su intención de convocar al Congreso a sesiones extraordinarias para intentar salvar dos proyectos clave: la Jurisdicción Agraria y el Ministerio de la Igualdad. Ambas iniciativas se hundieron al cierre de la legislatura ordinaria el 20 de junio, al no completar su trámite legislativo a tiempo. El Ejecutivo busca una vía para rescatar estas propuestas, consideradas importantes para su agenda. La Jurisdicción Agraria se hundió al agotar sus dos legislaturas sin aprobación, mientras que el Ministerio de Igualdad no alcanzó a superar su primer debate en la primera legislatura. El Gobierno exploró alternativas como las sesiones extras y la intervención de la Judicatura para la Jurisdicción Agraria, pero expertos y congresistas advierten sobre la inviabilidad legal de estas opciones para revivir proyectos archivados por vencimiento de plazos. La senadora Paloma Valencia ha sido una voz crítica, señalando que la convocatoria a sesiones extras para estos proyectos sería inconstitucional, basándose en jurisprudencia de la Corte Constitucional. La oposición ha cuestionado la legalidad de la medida y ha señalado estrategias para desbaratar quórum en el Congreso, argumentando que el Ministerio de Igualdad representa una carga burocrática innecesaria.

Análisis político

Se observa una estrategia del Gobierno por insistir en proyectos de su agenda, a pesar de su archivo en el Congreso, buscando vías alternativas como las sesiones extraordinarias. Esta acción genera un debate sobre la legalidad y constitucionalidad de sus pretensiones, evidenciando una tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. La oposición, por su parte, parece haber empleado tácticas para impedir el avance de estas iniciativas, argumentando razones de orden fiscal y legal. El Gobierno Petro parece ser el principal perdedor al no lograr la aprobación de proyectos considerados estratégicos para su agenda de transformación social y rural. La oposición, representada por voces como la senadora Paloma Valencia, se posiciona como ganadora al haber logrado el archivo de estas iniciativas y al cuestionar la legalidad de las acciones gubernamentales. Se construyen narrativas distintas: el Gobierno apela a la necesidad de justicia agraria y equidad, mientras la oposición argumenta sobre el cumplimiento de la ley y la eficiencia del gasto público.

Tres proyectos prioritarios defendidos por el Ejecutivo no lograron avanzar en el Congreso antes del cierre de la legislatura. El Ministerio de la Igualdad será liquidado tras declararse inexequible su ley de origen, y sus programas se redistribuirán entre otras carteras. La Jurisdicción Agraria, crucial para resolver conflictos de tierra, se archivó por falta de consenso y tiempo, debiendo empezar de cero en la próxima legislatura. La mesada 14 para maestros pensionados también quedó pendiente de debate, sin alcanzar los ocho debates necesarios para una reforma constitucional. La ministra de Agricultura lamentó el archivo de la Jurisdicción Agraria, señalando que los principales afectados son los campesinos y la nación, al no contar con mecanismos para administrar bienes públicos y baldíos, ni para construir paz. Sectores críticos argumentaron que el proyecto otorgaba facultades excesivas a la Agencia Nacional de Tierras sobre baldíos y afectaba garantías procesales. El ministro del Interior sugirió que la falta de consenso y el tiempo fueron determinantes, pero también apuntó a una posible falta de voluntad política del propio Ejecutivo. El Ministerio de la Igualdad, cuya ley de origen fue declarada inexequible por vicios de forma, intentó salvarse con un mensaje de urgencia, pero la falta de consenso y el tiempo impidieron su avance. La liquidación de la cartera implica la redistribución de sus programas entre ministerios como el Interior, Justicia, Hacienda, Función Pública y Prosperidad Social. La mesada 14 para maestros pensionados, al ser una reforma constitucional, requería aprobación en ocho debates, de los cuales solo se completaron siete en el Senado y la Cámara.

Análisis político

Se observa una estrategia de dilación y bloqueo por parte de sectores del Congreso, que impidieron el avance de iniciativas gubernamentales clave, especialmente la Jurisdicción Agraria. La oposición, representada en parte por la Sociedad de Agricultores de Colombia, utilizó argumentos sobre facultades excesivas y garantías procesales para justificar su postura, mientras que el Gobierno y sus aliados señalaron la falta de voluntad política y el rompimiento de la comunicación con el Legislativo como factores determinantes. El ministro del Interior, Armando Benedetti, sugirió que si el presidente Petro hubiera mantenido una relación más cercana con el Congreso, los proyectos habrían avanzado, atribuyendo la responsabilidad final al Legislativo por las decisiones tomadas. El Gobierno Petro emerge como el principal perdedor, al no lograr la aprobación de proyectos estratégicos para su agenda de transformación social y rural, lo que debilita su capacidad de cumplir promesas y consolidar su legado. El Congreso, por su parte, ejerce su poder de control político, pero también enfrenta críticas por no permitir debates profundos y por el impacto negativo en la resolución de conflictos agrarios. Las narrativas difieren: el Gobierno enfatiza la necesidad de justicia para el campo y la paz, mientras que sectores críticos alertan sobre posibles extralimitaciones del Ejecutivo y defienden el rol de los jueces y la propiedad privada.

El Gobierno radicará nuevamente el proyecto de ley de Jurisdicción Agraria el próximo 20 de julio, tras su virtual archivo en el Congreso al finalizar la legislatura. El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, anunció que se reiniciará el trámite legislativo desde cero, a pesar de haber logrado consensos y realizado la tarea legislativa. Factores como los tiempos legislativos, el periodo electoral y presiones de diversos actores impidieron su aprobación. La iniciativa, considerada clave para la agenda rural del Ejecutivo y parte de los compromisos del Acuerdo de Paz de 2016, busca crear tribunales especializados para atender conflictos agrarios y rurales. Sin embargo, el proyecto se estancó en las plenarias por diferencias en el artículo 9, que definía las competencias de los tribunales agrarios, generando críticas sobre facultades excesivas a la Agencia Nacional de Tierras y afectación a garantías procesales. La escasa presencia del Gobierno en las negociaciones finales también contribuyó a su estancamiento. La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, lamentó el hundimiento virtual, señalando que los principales afectados son los campesinos y la nación, al no poder administrar adecuadamente bienes públicos y baldíos. El presidente del Senado, Lidio García, si bien negó que el proyecto se hubiera hundido, reconoció que se conformó una mesa técnica para estudiar puntos polémicos, pero el tiempo no fue suficiente. La ley ordinaria de Jurisdicción Agraria deberá esperar a la próxima legislatura para reiniciar su trámite.

Análisis político

Se observa una estrategia del Gobierno de insistir en proyectos clave para su agenda, como la Jurisdicción Agraria, a pesar de los reveses legislativos. La decisión de radicarla nuevamente demuestra persistencia, buscando capitalizar los aprendizajes y consensos construidos. Por otro lado, la conformación de mesas técnicas y la proposición para revisar artículos controvertidos por parte de la presidencia del Senado reflejan una táctica para gestionar el tiempo legislativo y destrabar otras discusiones, aunque esto haya resultado en el archivo del proyecto en la presente legislatura. El Gobierno y el sector campesino pierden con el archivo de la iniciativa, al no contar con la herramienta para resolver conflictos de tierra y administrar bienes públicos. Quienes se oponen o ejercen presión, como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), y aquellos sectores críticos del artículo 9, ganan tiempo y mantienen el status quo. Las narrativas difieren: el Gobierno enfatiza la importancia de la justicia agraria para la paz y la dignidad del campo, mientras que algunos sectores argumentan preocupaciones sobre facultades excesivas y la defensa de la propiedad privada.

El proyecto de ley para reglamentar la Jurisdicción Agraria, considerado clave para la agenda rural del Gobierno, fue virtualmente archivado al no completar su trámite legislativo antes del cierre de las sesiones ordinarias. La decisión se concretó tras la conformación de una subcomisión para estudiar modificaciones, lo que dejó sin tiempo a la iniciativa. La ministra de Agricultura lamentó la falta de discusión de fondo y la oposición de sectores como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), señalando que los campesinos y la nación pierden al no contar con una herramienta para resolver conflictos de tierra y administrar bienes públicos. El presidente del Senado, Lidio García, negó que el proyecto se hubiera hundido, explicando que se creó una mesa técnica para acordar puntos polémicos como el artículo nueve, que algunos interpretan como una vía para revivir la expropiación exprés. García advirtió que si había voluntad para hundirlo, se aceptaría, pero señaló que el aplazamiento permitió destrabar la agenda legislativa. El Gobierno había presentado mensaje de urgencia, lo que impedía estudiar otros proyectos, pero la mesa técnica liberó el orden del día. De no aprobarse antes del 20 de junio, fecha de finalización de la legislatura, el proyecto deberá ser archivado y presentado nuevamente en la próxima legislatura, a partir del 20 de julio. El Gobierno ha expresado su intención de radicarlo de nuevo, esperando que el siguiente Congreso y gobierno acompañen la iniciativa, que busca dar acceso a la justicia a más de 10 millones de campesinos y resolver disputas sobre propiedad, posesión y uso de la tierra, elementos centrales para la construcción de paz.

Análisis político

Se observa una estrategia de dilación por parte de algunos sectores del Congreso, liderados por la presidencia del Senado, al crear una mesa técnica para revisar puntos polémicos del proyecto de Jurisdicción Agraria. Esta maniobra, aunque presentada como un intento de acuerdo, resultó en el archivo virtual de la iniciativa al agotar el tiempo legislativo. El Gobierno, por su parte, se muestra en una posición de insistencia y lamento, calificando el hecho como un revés y anunciando la radicación del proyecto en la siguiente legislatura, lo que sugiere una estrategia de persistencia y de capitalización política del fracaso. El principal beneficiado de esta situación es quien buscaba evitar la aprobación de la Jurisdicción Agraria, posiblemente sectores opositores o gremios con intereses en la tenencia de la tierra que veían amenazado el status quo. El Gobierno y los campesinos son los principales perdedores inmediatos, al no contar con la herramienta esperada para la reforma rural. Las narrativas difieren: el Gobierno y la ministra de Agricultura enfatizan la pérdida para los campesinos y la justicia agraria, mientras que la presidencia del Senado se defiende argumentando la necesidad de acuerdos y la liberación de la agenda legislativa, dejando entrever una posible resistencia a los alcances de la jurisdicción propuesta.