Congreso aprueba nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero para combatir contrabando
Resumen
El Congreso de la República aprobó por unanimidad el nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero, una iniciativa que fortalece las herramientas jurídicas para combatir el contrabando y el lavado de activos en el país. El proyecto, que consta de 114 artículos, fue ampliamente discutido y conciliado entre el Gobierno, gremios, expertos y diversas bancadas políticas, cumpliendo con un requerimiento de la Corte Constitucional. La aprobación asegura la continuidad de procesos fiscales y oficiales por un valor de $3.2 billones, evitando un vacío normativo y la pérdida de recursos públicos.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) celebró la aprobación, destacando que la nueva normativa simplifica las sanciones, las hace más proporcionales y diferencia entre errores formales y conductas dolosas. Se eliminaron procedimientos problemáticos y se crearon causales de reducción o exoneración bajo criterios de debida diligencia. El director de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt, resaltó el consenso alcanzado tras mesas técnicas y la importancia de dotar al país de un marco jurídico actualizado para la gestión aduanera.
La aprobación de esta ley evita un impacto fiscal significativo, salvaguardando la posibilidad de cobrar cerca de $190.000 millones en liquidaciones oficiales, ejecutar sanciones por aproximadamente $800.000 millones y retener mercancías aprehendidas valoradas en $211.000 millones. El nuevo régimen también fortalece la coordinación entre entidades como la DIAN, la Policía Fiscal y Aduanera, la Armada Nacional y la Fiscalía para enfrentar de manera articulada el delito de contrabando, considerado una de las principales vías del lavado de activos.
Análisis Político
La aprobación unánime del Régimen Sancionatorio Aduanero evidencia una estrategia política de búsqueda de consensos amplios, involucrando al gobierno, gremios y diversas bancadas políticas, incluyendo la oposición. Esta convergencia se fundamenta en la urgencia de cumplir con un fallo de la Corte Constitucional y en la percepción compartida de que el contrabando representa una amenaza significativa para las finanzas públicas y la seguridad jurídica del país. La narrativa construida por los actores se centra en la modernización de las herramientas de control aduanero y la protección de la economía formal.
El principal beneficiado de este evento es el gobierno y la DIAN, que obtienen un marco legal robusto para combatir el contrabando y asegurar la continuidad de procesos fiscales y aduaneros. Quienes pierden son los actores involucrados en actividades ilícitas y el contrabando, quienes verán endurecidas las sanciones y los controles. Las distintas bancadas políticas, al respaldar la iniciativa, proyectan una imagen de unidad y compromiso con la lucha contra la ilegalidad, mientras que la Corte Constitucional ve cumplido su mandato. La estrategia política se basa en la presentación de un proyecto técnico, con beneficios económicos y jurídicos claros, que minimiza la polarización y facilita la aprobación.
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