La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente al representante a la Cámara Agmeth Escaf, del Pacto Histórico, hasta el 21 de junio, fecha de la segunda vuelta presidencial. La medida se tomó tras una investigación disciplinaria iniciada por una queja de la Red de Veedurías de Colombia, debido a declaraciones consideradas ofensivas contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Escaf afirmó en una entrevista que De la Espriella "se está comportando como la perra de los Estados Unidos" y que "aquí es muy bravito, muy gritoncito y demás, pero se tiene que arrodillar ante Estados Unidos". La Procuraduría calificó la conducta como una "falta grave disciplinaria" que afecta la democracia y el respeto debido a los candidatos. La suspensión busca evitar la repetición de la conducta y posibles interferencias en el debate electoral. La decisión, que no admite recursos inmediatos, aparta al congresista de sus funciones legislativas pero no le prohíbe expresarse en medios o redes sociales. El Ministerio Público también está recopilando pruebas como audios y videos de las declaraciones. El Pacto Histórico criticó la medida, calificándola de "peligroso precedente de intervención institucional" que altera la representación democrática a pocos días de la segunda vuelta. Agmeth Escaf, por su parte, declaró que no se retracta de sus afirmaciones y que serán los organismos de control los que definan la situación, considerando la sanción desproporcionada.

Análisis político

La suspensión provisional del congresista Agmeth Escaf por parte de la Procuraduría evidencia una estrategia de control disciplinario en un momento crucial de la campaña electoral. Por un lado, la Procuraduría busca proyectar una imagen de imparcialidad y firmeza en la aplicación de normas, especialmente ante la proximidad de la segunda vuelta presidencial, al sancionar una "falta grave disciplinaria" que podría influir en el debate democrático. La decisión de suspenderlo hasta el día de las elecciones busca mitigar cualquier posible impacto negativo en el proceso electoral. El Pacto Histórico, al calificar la medida como una "intervención institucional", construye una narrativa de persecución política y de alteración de la representación democrática. Esta postura busca movilizar a su base electoral y generar simpatía al presentarse como víctima de un sistema que, según ellos, limita la libertad de expresión de sus congresistas. Abelardo de la Espriella, por su parte, se beneficia de la acción de la Procuraduría al ver a su contradictor sancionado, lo que podría interpretarse como un respaldo implícito a sus denuncias y una forma de neutralizar críticas directas en la recta final de la campaña.