El concejal de Bogotá, Rolando González, denunció que delincuentes ingresaron a su apartamento en la localidad de Chapinero mientras él cumplía con su jornada laboral. Al regresar a su vivienda, el cabildante encontró el inmueble completamente destrozado y confirmó el hurto de varias pertenencias personales. La Policía Metropolitana de Bogotá, a través de la teniente coronel Viviana Mendivelso, informó que unidades de la Sijín adelantan labores técnicas y análisis de cámaras de seguridad para identificar a los responsables. El concejal calificó el hecho como un episodio extraño e intimidante, vinculándolo con un antecedente de 2025 en el que fue víctima de un asalto tras ser seguido desde un centro comercial. Ante esta situación, González solicitó formalmente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) un estudio especial de seguridad y riesgo. El cabildante enfatizó que este suceso vulnera la tranquilidad de su hogar y exige una respuesta institucional más contundente frente a las estructuras criminales dedicadas al hurto a residencias. La denuncia generó una reacción inmediata de las autoridades distritales y figuras políticas, incluyendo mensajes de solidaridad del ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, y del exalcalde Enrique Peñalosa. González aprovechó el incidente para cuestionar la gestión de seguridad del alcalde Carlos Fernando Galán y solicitar al Gobierno Nacional un refuerzo en las capacidades de protección para la capital. La Secretaría de Seguridad de Bogotá confirmó que trabaja de manera articulada con la Fiscalía para esclarecer los hechos y avanzar en la investigación.

Análisis político

El evento evidencia una estrategia de presión política por parte del concejal, quien utiliza su condición de víctima para escalar un reclamo de seguridad desde el ámbito local hacia el Gobierno Nacional. Al interpelar directamente al alcalde y al presidente, González busca capitalizar el descontento ciudadano frente a la inseguridad, posicionándose como un actor que exige resultados concretos y una mayor coordinación institucional. En este escenario, el concejal gana visibilidad mediática y respaldo de figuras políticas, mientras que la administración distrital pierde terreno al ser cuestionada por su capacidad de respuesta. La narrativa se construye bajo una dicotomía entre la ineficacia percibida de las autoridades locales y la urgencia de una intervención estatal, transformando un delito común en un punto de fricción política sobre la gobernabilidad en Bogotá.