El concejal Juan David Quintero denunció que la banda surcoreana BTS habría pagado cerca de 900.000 dólares adicionales, equivalentes a unos 2.852 millones de pesos, destinados al mantenimiento de la gramilla del estadio El Campín tras sus conciertos del 2 y 3 de octubre. El cabildante exigió explicaciones a la empresa concesionaria Sencia y al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) sobre el uso real de estos recursos, señalando que solo se tiene conocimiento de un pago en especie por 488 millones de pesos relacionado con el Parque La Florida. La controversia surge en medio de las críticas por el deterioro del terreno de juego, que obligó a la cancelación de partidos de fútbol profesional. Sencia, encargada de la operación del estadio, ha enfrentado una fuerte presión política y administrativa tras la suspensión del encuentro entre Millonarios y Once Caldas el pasado 13 de octubre. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, solicitó formalmente al IDRD iniciar un proceso por posible incumplimiento contractual, enfatizando que la administración no aceptará más excusas sobre el estado de la cancha. La empresa, por su parte, ha ofrecido disculpas públicas, asegurando que el fútbol es una prioridad y que trabaja en la implementación de nuevas tecnologías para garantizar la calidad del césped. Tras una reciente visita de control realizada por una comisión del Concejo de Bogotá, se confirmó que el escenario se encuentra nuevamente apto para la práctica deportiva. Durante este recorrido, Sencia expuso que la implementación de una nueva tecnología de cambio de grama busca mejorar el comportamiento del terreno entre eventos. A pesar de esta aparente recuperación, la incertidumbre sobre la gestión financiera de los recursos aportados por los organizadores de los conciertos mantiene el debate abierto en la corporación distrital.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en el control político ejercido por el Concejo de Bogotá, donde los cabildantes utilizan la indignación de la hinchada futbolera para cuestionar la transparencia de las alianzas público-privadas. Al vincular una cifra millonaria con un servicio deficiente, los concejales construyen una narrativa de fiscalización que pone a la administración distrital y al concesionario a la defensiva, obligándolos a rendir cuentas sobre la ejecución de recursos privados en espacios públicos. En este evento, los grandes perdedores son la imagen de Sencia, que enfrenta una investigación por incumplimiento, y la gestión de la infraestructura deportiva del Distrito, que queda expuesta ante la opinión pública. Por otro lado, los concejales que lideran la denuncia ganan visibilidad política al posicionarse como defensores de los intereses ciudadanos y del patrimonio público frente a la gestión privada del estadio.

La Dimayor confirmó la realización del encuentro entre Millonarios y Jaguares para este sábado 17 de octubre en el estadio El Campín, tras verificar una evolución favorable en la recuperación del césped. Esta decisión se tomó luego de una inspección técnica realizada por el ente regulador y la administración del escenario, Sencia, que determinó condiciones aptas de humedad y fijación del terreno. El partido había sido objeto de incertidumbre tras la reciente cancelación del duelo entre Millonarios y Once Caldas por el mal estado de la gramilla. La cancelación previa del compromiso ante Once Caldas, ocurrida el 13 de octubre minutos antes del inicio, generó una fuerte reacción del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. El mandatario solicitó al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) iniciar un proceso por posible incumplimiento contractual contra Sencia, enfatizando que la administración del estadio tiene una obligación de resultado. El concesionario, por su parte, ofreció disculpas a los aficionados y reiteró que los partidos de fútbol son su prioridad, comprometiéndose a reforzar los trabajos de mantenimiento. El presidente de Millonarios, Enrique Camacho, manifestó su preocupación por la afectación del calendario deportivo debido a la realización de conciertos en el estadio. Camacho señaló que, ante la imposibilidad de usar estadios alternos por la alta demanda de abonos, es necesario priorizar el fútbol y evaluar la cancelación de eventos musicales si estos comprometen la integridad del terreno. Actualmente, la Dimayor ha reprogramado los partidos pendientes, buscando normalizar el calendario de la liga profesional colombiana en medio de la presión por el uso del escenario.

Análisis político

La estrategia política del alcalde Galán se centra en la exigencia de resultados frente a un concesionario privado, buscando desmarcarse de la crisis operativa del estadio mediante una postura de autoridad y control contractual. Al calificar las condiciones como inaceptables y solicitar una investigación, el mandatario capitalino traslada la responsabilidad del fallo logístico exclusivamente a Sencia, evitando que el desgaste político por la cancelación de eventos deportivos afecte la imagen de su administración. En este escenario, el gran perdedor es el concesionario Sencia, cuya capacidad técnica y operativa ha sido cuestionada públicamente, debilitando su posición frente al Distrito y los clubes. Por otro lado, los clubes de fútbol, especialmente Millonarios, logran capitalizar el descontento para presionar por una mayor jerarquía del fútbol sobre los eventos comerciales en la agenda del estadio. La narrativa se construye bajo una tensión clara: el fútbol como bien público y prioridad deportiva frente a la gestión privada del estadio como espacio de explotación comercial.

La Dimayor canceló el partido entre Millonarios y Once Caldas, y posteriormente el de Santa Fe frente a Jaguares, debido al deterioro del terreno de juego en el estadio El Campín. La gramilla resultó afectada tras la realización de conciertos masivos, lo que obligó a una intervención de emergencia que no garantizó las condiciones mínimas para la práctica profesional. La decisión se tomó minutos antes del inicio del encuentro para salvaguardar la integridad física de los jugadores.

Análisis político

La crisis expone una tensión entre la rentabilidad de los eventos masivos y la prioridad del uso deportivo de los escenarios públicos. El alcalde Carlos Fernando Galán utiliza una estrategia de mano dura, exigiendo sanciones millonarias a la concesionaria Sencia para desmarcarse de la gestión operativa y capitalizar el descontento de la hinchada, mientras que actores como el concejal Leandro Castellanos construyen una narrativa de defensa de lo público al denunciar el uso de recursos de parques distritales para reparar el estadio. En este escenario, el gran perdedor es la concesionaria Sencia, cuya reputación técnica y capacidad operativa quedan en entredicho ante la opinión pública y las autoridades. Por otro lado, los clubes de fútbol capitalinos ganan legitimidad al posicionarse como víctimas de una administración que prioriza el entretenimiento sobre el deporte, forzando a la Alcaldía a endurecer los protocolos de control para evitar futuros costos políticos derivados de la inhabilitación del principal escenario deportivo de la ciudad.