El pasado 14 de octubre, Colombia vivió su primera jornada de movilización nacional contra la administración del presidente Abelardo de la Espriella, a dos meses de su posesión. La protesta reunió a sindicatos, organizaciones indígenas, estudiantes y sectores de la oposición en diversas ciudades, quienes expresaron su rechazo a las políticas económicas, laborales y de seguridad del Ejecutivo. Entre las principales demandas destacaron las críticas al reciente Decreto de Protesta Social, los recortes presupuestarios en instituciones como el SENA y la postura del Gobierno frente a relaciones internacionales con Israel y Estados Unidos. El presidente De la Espriella calificó la jornada como mayoritariamente pacífica, reportando un 98% de tranquilidad y una asistencia de 62.000 personas. El mandatario restó importancia a la convocatoria, señalando que se trata de una "pequeña minoría" que busca impedir el progreso del país. Asimismo, el Gobierno defendió la implementación de herramientas legales como el Estatuto Antiterrorista, argumentando que son necesarias para garantizar el orden y proteger a la ciudadanía frente a lo que denominó "terrorismo urbano". La jornada estuvo marcada por una tensión latente debido a la reciente expedición del Decreto 1525 de 2026, que regula la protesta social y faculta la intervención de la fuerza pública. Mientras la oposición, liderada por figuras como el senador Iván Cepeda, denunció que la norma busca silenciar la movilización ciudadana y limitar derechos constitucionales, el Gobierno reiteró su política de "cero tolerancia" ante bloqueos o actos vandálicos. Las autoridades informaron sobre seis capturas y la intervención de la unidad antidisturbios en puntos específicos de Bogotá, Ibagué, Popayán y Medellín.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la deslegitimación de la protesta mediante la minimización de las cifras de asistencia y la asociación de los manifestantes con el caos y el pasado político del país. Al calificar a los opositores como una "minoría" que no soporta el orden, el Ejecutivo busca consolidar una narrativa de autoridad y firmeza, utilizando el nuevo marco legal de protesta como un instrumento de control preventivo. Esta postura busca atraer a un electorado que prioriza la estabilidad y el crecimiento económico sobre la movilización social. Por otro lado, la oposición intenta capitalizar el descontento social para posicionarse como un bloque de resistencia frente a lo que denominan políticas de corte fascista. Con esta movilización, los sectores de izquierda buscan medir su capacidad de convocatoria y establecer un pulso constante en las calles y el Congreso. Mientras el Gobierno gana terreno al imponer su agenda de seguridad, la oposición pierde fuerza al no lograr una movilización masiva, lo que evidencia una fractura en la capacidad de articulación de los movimientos sociales frente a la nueva administración.

El presidente Abelardo de la Espriella firmó el Decreto 1525 de 2026, el cual establece nuevas directrices para la intervención de la Fuerza Pública durante las manifestaciones. La normativa busca equilibrar el derecho a la protesta pacífica con la protección de los derechos de terceros, prohibiendo bloqueos permanentes y actos vandálicos. El Gobierno enfatizó que, aunque el diálogo es una regla de preferencia, no constituye un requisito previo para intervenir ante hechos violentos o delitos flagrantes. La medida fue expedida un día antes de la primera jornada de movilizaciones convocada por la oposición, lo que generó críticas inmediatas de diversos sectores políticos. Congresistas y líderes sociales argumentan que el decreto es inconstitucional y regresivo, señalando que la regulación de derechos fundamentales debe realizarse mediante una ley estatutaria y no a través de un acto administrativo. Además, cuestionan la celeridad del proceso de consulta y la posible usurpación de facultades del Congreso por parte del Ejecutivo. El decreto introduce cinco niveles de actuación institucional, desde la prevención hasta el uso de la fuerza especializada, y exige la creación de corredores solidarios para misiones médicas y servicios esenciales. Asimismo, obliga a las autoridades locales a rendir cuentas sobre el uso de la fuerza y los resultados de las jornadas en un plazo máximo de 72 horas. La norma ya enfrenta demandas de nulidad ante el Consejo de Estado por parte de figuras de la oposición y constitucionalistas.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la construcción de una narrativa de orden y autoridad, utilizando el decreto como una herramienta para deslegitimar los bloqueos viales al equipararlos con actos delictivos. Al expedir la norma horas antes de las marchas, el Ejecutivo busca marcar una línea divisoria clara entre la protesta pacífica y la violencia, intentando ganar el respaldo de sectores ciudadanos afectados por la parálisis de la movilidad y la actividad económica. En este escenario, el Gobierno gana capacidad de maniobra operativa para la Fuerza Pública, pero pierde capital político ante la oposición, que capitaliza el descontento bajo la bandera de la defensa de los derechos constitucionales. La narrativa de la oposición se construye sobre la idea de un Ejecutivo autoritario que ignora la separación de poderes, mientras que el Gobierno se posiciona como el garante de la libertad de circulación y el orden público, trasladando el conflicto al terreno jurídico donde el Consejo de Estado deberá dirimir la validez de la medida.