La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate un proyecto de acto legislativo que busca finalizar las funciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en marzo de 2028. La iniciativa, presentada por el senador Enrique Gómez, propone eliminar la prórroga automática de cinco años y trasladar los procesos pendientes a la justicia ordinaria. La votación contó con 11 votos a favor y ninguno en contra, debido a que la bancada del Pacto Histórico se retiró del recinto durante la sesión. El tribunal de justicia transicional advirtió que esta reforma pone en riesgo los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Según la JEP, el cierre anticipado dejaría sin resolución la situación jurídica de cerca de 10.000 comparecientes y podría afectar la garantía del juez natural. Además, el tribunal señaló que el traslado de expedientes complejos a la justicia ordinaria, que ya presenta una alta congestión, podría reactivar el escrutinio de la Corte Penal Internacional. El proyecto aún debe superar siete debates adicionales en el Congreso para completar su trámite constitucional. Durante la sesión, se incorporaron modificaciones para que la Corte Suprema de Justicia asuma la revisión de sentencias y tutelas en el proceso de transición. Mientras sectores como el Centro Democrático respaldan la medida argumentando la necesidad de resultados y eficiencia, otros sectores políticos, como el Partido Liberal, han manifestado su oposición a la eliminación del tribunal.

Análisis político

La estrategia política detrás de esta iniciativa busca capitalizar el descontento de sectores que perciben a la JEP como una entidad ineficiente, costosa y protectora de la impunidad. Al proponer el traslado de casos a la justicia ordinaria, los promotores intentan desmantelar lo que denominan un "fortín burocrático", construyendo una narrativa de "justicia real" frente a la "justicia transicional" que, según ellos, ha fallado en sus objetivos. Esta maniobra permite a los sectores de derecha posicionar una agenda de revisión del Acuerdo de Paz, forzando a los demás partidos a definirse en un tema de alta sensibilidad nacional. En este escenario, el principal ganador político es el senador Enrique Gómez y su partido, quienes logran instalar un debate nacional que antes se consideraba intocable, ganando visibilidad y legitimidad ante su electorado. Por el contrario, la JEP y los defensores del Acuerdo de Paz pierden terreno al verse obligados a defender la estructura del tribunal bajo la amenaza de una reforma constitucional. La construcción de narrativas es divergente: mientras los proponentes hablan de "eficiencia y ahorro", la JEP responde con el lenguaje de los "derechos humanos y compromisos internacionales", dejando claro que la batalla legislativa será también una disputa por la interpretación de la paz en Colombia.

La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate un proyecto de acto legislativo que busca finalizar las funciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en marzo de 2028. La iniciativa, liderada por el senador Enrique Gómez, pretende eliminar la prórroga automática de cinco años establecida originalmente, limitando la existencia del tribunal a una década. La votación contó con once votos a favor y ninguno en contra, debido a que los congresistas del Pacto Histórico se retiraron de la sesión antes del proceso. El proyecto incluye modificaciones propuestas por el Centro Democrático, como el traslado de procesos pendientes a la justicia ordinaria y la revisión automática de sentencias por parte de la Corte Suprema de Justicia. Los defensores de la medida argumentan que el tribunal ha sido ineficiente, costoso y que ha dilatado la resolución de la situación jurídica de los comparecientes. Por su parte, sectores de oposición y la propia JEP han advertido que esta reforma podría vulnerar los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación. La Jurisdicción Especial para la Paz alertó que un cierre anticipado e improrrogable podría desmantelar el modelo de justicia transicional y comprometer los compromisos internacionales del Estado colombiano. Asimismo, señalaron el riesgo de trasladar expedientes complejos a una justicia ordinaria que ya enfrenta una alta congestión judicial. El proyecto deberá superar siete debates adicionales en el Congreso para concretar esta reforma constitucional.

Análisis político

La estrategia política detrás de esta iniciativa busca capitalizar el descontento de sectores que perciben a la JEP como un tribunal burocrático y poco eficaz, utilizando el argumento de la eficiencia presupuestal y la celeridad judicial para ganar respaldo popular. Al proponer el traslado de competencias a la justicia ordinaria, los promotores intentan desmantelar la arquitectura institucional del Acuerdo de Paz, construyendo una narrativa de 'justicia real' frente a lo que denominan un 'tribunal eterno' que, según ellos, protege la impunidad. En este escenario, el gobierno de Abelardo de la Espriella y sus aliados políticos ganan terreno al avanzar en una agenda de reforma estructural que cumple con promesas de campaña, mientras que la oposición y los defensores del sistema de paz pierden capacidad de maniobra al quedar en minoría en la Comisión Primera. La construcción de narrativas es divergente: mientras los proponentes presentan el cierre como una medida de justicia y ahorro, sus críticos lo posicionan como un riesgo inminente para los derechos de las víctimas y un posible detonante de escrutinio por parte de la Corte Penal Internacional.