Noventa y nueve integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una disidencia de las antiguas FARC, entregaron 105 armas y más de 24.000 municiones para su destrucción. Este acto se realizó antes de su ingreso a una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Valle del Guamuez, Putumayo, como parte de los acuerdos de la política de Paz Total. El armamento, que incluye fusiles, pistolas y morteros artesanales, será controlado y destruido por la Fuerza Pública. La CNEB, que se separó de la Segunda Marquetalia, representa un porcentaje menor de sus filas totales, estimadas en unas 2.500 personas. La instalación de la ZUT, arrendada por el Gobierno para albergar hasta 200 personas, se dio en medio de la antesala de una segunda vuelta presidencial, lo que generó resistencia en algunos sectores. El Gobierno aseguró que no existen propósitos electorales y suspendió operaciones ofensivas contra la CNEB entre el 14 y el 19 de junio para facilitar el traslado de los combatientes. Estos fueron llevados en helicópteros civiles a un punto de preconcentración antes de llegar al campamento. El proceso enfrenta incertidumbres, ya que su continuidad dependerá del próximo gobierno y una disputa judicial ha surgido. Un juez ordenó suspender las actividades de la ZUT tras una tutela de un resguardo indígena que alega vulneración del derecho a la consulta previa. El Gobierno impugnará la decisión, argumentando que sí se adelantaron diálogos con las comunidades cercanas, permitiendo que las actividades continúen mientras se resuelve el caso.

Análisis político

La estrategia política observada es la implementación de la política de "Paz Total" del gobierno, buscando la desmovilización y reincorporación de grupos armados a través de Zonas de Ubicación Temporal. Se busca generar un ambiente de confianza mediante la suspensión de operaciones militares y la entrega simbólica de armas. El gobierno actual gana legitimidad al mostrar avances en su política de paz, mientras que la disidencia busca un camino hacia la vida civil. Sin embargo, la oposición o sectores escépticos pierden argumentos si el proceso avanza, pero ganan si se evidencian fallos o incumplimientos, como la disputa judicial. Las narrativas se construyen de forma distinta: el gobierno enfatiza el "paso histórico" y el "tránsito a la vida civil plena", destacando el acompañamiento estatal y comunitario. La disidencia expresa anhelos de "no volver a retomar nada ilícito" y "prepararse para algo", mostrando una voluntad de cambio. Por otro lado, las comunidades indígenas que interpusieron la tutela construyen una narrativa de defensa de sus derechos y consulta previa, cuestionando la legitimidad del proceso si no se respetan sus garantías. La coincidencia con la segunda vuelta presidencial genera una narrativa de "propósitos electorales" por parte de algunos sectores, que el gobierno desestima.