El Sistema Interconectado Nacional estuvo al borde de un racionamiento de energía los días 28 y 29 de septiembre de 2026. La crisis fue provocada por fallas técnicas imprevistas en plantas de generación y una demanda que superó la capacidad disponible en horas pico. Maniobras de emergencia, incluyendo el aporte adicional de Hidroituango y Salvajina, permitieron evitar cortes generalizados en el suministro eléctrico nacional. Aunque las lluvias recientes han frenado la caída de los embalses, los niveles actuales se mantienen por debajo de lo deseable para enfrentar la temporada seca. El operador del sistema, XM, ha fijado un límite técnico de alerta del 30% en el volumen útil agregado, advirtiendo que descender de este umbral comprometería la estabilidad del servicio. La situación es particularmente crítica en la región Caribe, donde el agotamiento de la red ya genera racionamientos específicos. El sector energético enfrenta una presión adicional debido a la escasez de gas y la alta dependencia de plantas térmicas que operan con combustibles costosos. Ante la proximidad de los meses más secos, las autoridades han instado a la ciudadanía a implementar medidas de ahorro energético. La falta de nuevas infraestructuras de importación y la incertidumbre regulatoria acumulada en años previos complican la capacidad de respuesta del sistema ante el fenómeno de El Niño.

Análisis político

La estrategia política se centra en la gestión de expectativas y la prevención de una crisis social derivada de posibles apagones, trasladando la responsabilidad del ahorro hacia el consumo ciudadano. Se observa una narrativa de urgencia técnica por parte de los operadores del sistema, quienes buscan blindarse ante la opinión pública al exponer las fallas estructurales y la falta de inversión como causas de la fragilidad actual. El Gobierno y las entidades reguladoras pierden legitimidad al quedar expuestos por la falta de quórum en la CREG y la incertidumbre en las reglas de juego que, según el sector, frenaron inversiones clave. Por otro lado, los gremios energéticos ganan terreno en la narrativa al señalar que la crisis es el resultado de una gestión deficiente y la falta de infraestructura, mientras que el ciudadano común se convierte en el actor que debe asumir el costo del ahorro para evitar un racionamiento que el Estado no ha logrado prevenir con medidas de fondo.