Codelco anunció la suspensión temporal de las actividades de desarrollo y construcción en el proyecto Andes Norte, ubicado en la División El Teniente. La medida fue adoptada tras identificar un fenómeno de sismicidad profunda con características inéditas, detectado mediante análisis técnicos realizados durante los últimos seis meses. La estatal enfatizó que esta decisión es de carácter preventivo para resguardar la integridad de los trabajadores ante riesgos que difieren de los eventos sísmicos históricamente gestionados en la mina. La paralización afecta directamente a cerca de 3.000 trabajadores y a las empresas contratistas vinculadas a las obras de construcción. La compañía inició un proceso de cese ordenado de faenas y aseguró que mantendrá una coordinación permanente con las firmas involucradas para cumplir con la legislación laboral y las obligaciones contractuales vigentes. Mientras tanto, las operaciones productivas en el resto de la división continúan funcionando con normalidad bajo los protocolos de monitoreo habituales. Este evento ocurre a un año del accidente fatal del 31 de julio de 2025, donde un estallido de roca provocó la muerte de seis trabajadores en la misma división. La empresa no ha fijado un plazo para la reanudación de las obras, indicando que la suspensión se mantendrá mientras se refuerza la instrumentación técnica y se definen nuevas medidas de control. El objetivo central es profundizar el conocimiento sobre el comportamiento sísmico en las zonas de mayor profundidad del yacimiento.

Análisis político

La estrategia de Codelco refleja una priorización de la seguridad operativa y la gestión de riesgos reputacionales tras la tragedia de 2025, buscando evitar cualquier cuestionamiento sobre sus estándares de protección laboral. Al actuar de manera preventiva, la estatal intenta controlar la narrativa pública antes de que ocurra un evento catastrófico, aunque esto implique un costo económico significativo y la paralización de un proyecto estructural clave para la producción futura. Los trabajadores contratistas y sus sindicatos emergen como los principales afectados, enfrentando la incertidumbre sobre la estabilidad laboral, mientras que la administración de Codelco busca ganar legitimidad técnica al reconocer la complejidad de la minería en profundidad. La narrativa de la empresa se construye sobre la transparencia técnica y la responsabilidad social, intentando equilibrar la continuidad productiva con la presión política y sindical por garantizar condiciones de trabajo seguras en un entorno geológicamente desafiante.