La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) inició una consulta pública de cuatro semanas para implementar la obligatoriedad de presentar la cédula de identidad en depósitos de efectivo iguales o superiores a $1 millón. Esta medida busca fortalecer la trazabilidad del dinero en el sistema financiero y prevenir delitos como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La normativa afectaría a bancos, cooperativas de ahorro y crédito, y empresas emisoras de tarjetas de pago no bancarias, permitiendo además que estas entidades exijan identificación en montos menores según sus políticas internas. El proyecto responde a la Acción N°60 del Plan de Acción 2023-2027 de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, basándose en un informe técnico elaborado junto al Ministerio Público. La iniciativa pretende facilitar las investigaciones judiciales al identificar con precisión a quienes realizan depósitos, especialmente cuando el depositante no es el titular de la cuenta. El regulador enfatizó que el objetivo es mejorar el control sin afectar el desarrollo normal de las transacciones legítimas. La propuesta surge tras registrarse 17.417 operaciones sospechosas ante la Unidad de Análisis Financiero durante 2024, con una alta concentración en el sector bancario. En caso de aprobarse, la normativa entraría en vigor tres meses después de su publicación definitiva. Los extranjeros sin residencia en el país deberán presentar su pasaporte para cumplir con el requisito de identificación.

Análisis político

La estrategia política detrás de esta medida se alinea con una agenda de seguridad pública y control financiero, donde el Estado busca cerrar brechas de opacidad en el flujo de efectivo para combatir el crimen organizado. Al integrar al Ministerio Público en la elaboración del informe técnico, el regulador legitima la intervención como una herramienta necesaria para la persecución penal, trasladando parte de la carga operativa de fiscalización a las entidades financieras privadas. El principal ganador es el sistema de persecución penal, que obtiene mayor trazabilidad para sus investigaciones, mientras que los usuarios del sistema financiero enfrentan una mayor carga burocrática en sus transacciones cotidianas. La narrativa oficial se construye bajo el imperativo de la seguridad nacional y la lucha contra el lavado de activos, buscando equilibrar la eficiencia en la detección de delitos con la continuidad de las operaciones comerciales legítimas.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) presentó una propuesta normativa que obliga a presentar la cédula de identidad al realizar depósitos en efectivo iguales o superiores a $1 millón. Esta medida, que se encuentra en consulta pública por cuatro semanas, busca mejorar la trazabilidad de las operaciones financieras y prevenir delitos como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La normativa aplicaría a bancos, cooperativas de ahorro y crédito, y emisores de tarjetas de pago no bancarias. El regulador faculta a las entidades financieras para extender este control de identidad a depósitos por montos inferiores según sus propias políticas internas. La iniciativa responde a la necesidad de identificar a quienes realizan transacciones por cuenta de terceros, una práctica que actualmente dificulta la acreditación de identidad en procesos judiciales. El Ministerio Público respaldó el umbral de $1 millón basándose en la experiencia de investigaciones previas donde se detectó una alta frecuencia de operaciones por sobre esa cifra. Este proyecto se enmarca en la Acción N°60 del Plan de Acción 2023-2027 de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. La propuesta recoge el trabajo de una mesa intersectorial y se sustenta en un informe técnico elaborado junto al Ministerio Público. De ser aprobada, la normativa entraría en vigor tres meses después de su publicación definitiva.

Análisis político

La estrategia observada refleja una política de Estado orientada al fortalecimiento de la seguridad financiera y la persecución penal, alineada con compromisos internacionales y planes nacionales contra el crimen organizado. Al delegar en las instituciones financieras la facultad de aplicar controles más estrictos de forma discrecional, el regulador busca una implementación flexible que se adapte a los perfiles de riesgo de cada entidad, trasladando parte de la responsabilidad operativa al sector privado. El principal ganador es el Ministerio Público, que obtiene herramientas técnicas para mejorar la trazabilidad de los flujos de dinero y facilitar la persecución de delitos financieros. Por otro lado, los usuarios del sistema financiero enfrentan una mayor carga administrativa y una reducción en el anonimato de sus transacciones en efectivo. La narrativa oficial se construye bajo el eje de la seguridad y la transparencia, mientras que el sector privado deberá equilibrar el cumplimiento normativo con la eficiencia en la atención al cliente.