La administración del Presidente José Antonio Kast marcó un giro en la política exterior chilena al abstenerse en la votación de la Asamblea General de la ONU que solicita el fin del embargo económico de Estados Unidos contra Cuba. Esta decisión rompe una tradición diplomática ininterrumpida de 33 años en la que el país respaldaba sistemáticamente la resolución. La medida fue aprobada finalmente con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, incluyendo a naciones como Alemania, Italia y Perú. El embajador ante Naciones Unidas, Roberto Ampuero, fundamentó la postura chilena argumentando que las dificultades que enfrenta la población cubana no se explican únicamente por factores externos. Según el diplomático, el embargo no debe ser el único foco del debate, ya que también existen restricciones internas a las libertades fundamentales, la participación política y los derechos civiles en la isla. La Cancillería complementó esta visión señalando que reducir el conflicto a un asunto puramente económico constituye una omisión injustificable. Este cambio de posición se suma a otras decisiones recientes del Ejecutivo, como el retiro del Movimiento de los Países No Alineados y el respaldo a la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. La abstención chilena refleja una nueva estrategia que busca distanciarse de las posturas históricas del país en foros multilaterales. La resolución, aunque aprobada, registró su menor nivel de apoyo en las últimas dos décadas, evidenciando un cambio en el consenso diplomático internacional.

Análisis político

La estrategia política observada bajo la administración de José Antonio Kast busca redefinir la identidad internacional de Chile, alejándose de la tradición diplomática de consenso para adoptar una postura más alineada con la defensa explícita de los derechos humanos y las libertades civiles. Al priorizar la crítica al régimen interno cubano sobre la condena al embargo estadounidense, el Gobierno intenta proyectar una narrativa de coherencia ideológica que rechaza las lógicas de bloques tradicionales, buscando mayor autonomía en su política exterior. En este evento, el Gobierno gana terreno ante sus bases electorales al marcar una diferencia clara con las administraciones anteriores, aunque pierde influencia en el bloque de países que históricamente han liderado la condena al embargo. La construcción de narrativas es divergente: mientras el Ejecutivo presenta su abstención como un ejercicio de realismo político y defensa de los derechos humanos, sus críticos podrían interpretarlo como un alineamiento con la política exterior de Estados Unidos, debilitando la imagen de Chile como un actor neutral en el multilateralismo.