La bancada del Centro Democrático, liderada por el presidente del Senado, Honorio Henríquez, presentó una proposición formal para adicionar 15,8 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación de 2027. De este monto, 13,9 billones se destinarían a cubrir el déficit en el aseguramiento y la Unidad de Pago por Capitación (UPC), mientras que 1,9 billones se orientarían a la reconstrucción de infraestructura hospitalaria afectada por el reciente sismo. La iniciativa busca mitigar la crisis financiera que, según cifras expuestas, incluye deudas con prestadores superiores a los 55 billones de pesos. Durante el encuentro, la ministra de Salud, Ana María Vesga, confirmó que el ajuste de la UPC para el próximo año se proyecta entre el 12% y el 13%. La funcionaria denunció que la administración anterior utilizó los recursos del sector como una "caja menor" para fines electorales, citando resoluciones firmadas sin respaldo presupuestal por 560.000 millones de pesos a inicios de agosto. Esta postura fue respaldada por el presidente del Congreso, quien cuestionó la eficacia de las intervenciones estatales en las EPS y el aumento en la judicialización del derecho a la salud. La propuesta de adición presupuestal será debatida en las comisiones económicas del Congreso durante la revisión del proyecto de ley de presupuesto. El debate se centra en la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios médicos y la entrega de medicamentos, frente a un sistema que enfrenta altos niveles de mora y barreras de acceso. La discusión también contempla la viabilidad de las intervenciones actuales y la urgencia de estabilizar financieramente a las entidades del sector.

Análisis político

La estrategia del Centro Democrático busca capitalizar el descontento social por la crisis del sistema de salud, posicionándose como el actor que propone soluciones técnicas y financieras concretas frente a la herencia administrativa del gobierno anterior. Al alinear su agenda legislativa con la ministra de Salud, el partido oficialista intenta consolidar una narrativa de reconstrucción institucional, trasladando la responsabilidad de la crisis a la gestión previa y legitimando la necesidad de una inyección masiva de recursos públicos. En este escenario, el Gobierno y el Centro Democrático ganan legitimidad al presentarse como una coalición que enfrenta el déficit, mientras que la oposición y el legado del gobierno anterior pierden terreno político al ser señalados por el uso clientelista de los recursos. La construcción narrativa se divide entre la urgencia de la estabilización financiera y la crítica a la politización del sector, utilizando las cifras de deuda y las fallas en las intervenciones de las EPS como herramientas para justificar un cambio de rumbo en la política pública de salud.