El tribunal británico que evalúa la extradición de la empresaria Zulma Guzmán suspendió la primera jornada de audiencias programada para el 2 de noviembre. La decisión del magistrado responde a la notificación de una audiencia de imputación de cargos fijada por la Fiscalía General de la Nación en Colombia para el próximo 9 de noviembre. Las autoridades judiciales en Londres deben determinar ahora si el proceso de extradición continúa esta semana o si se aplaza hasta 2027 para dar prelación a las actuaciones penales colombianas. Zulma Guzmán permanece detenida en el Reino Unido desde diciembre de 2025, tras ser capturada luego de un incidente en el río Támesis. La empresaria es investigada por su presunta responsabilidad en el envenenamiento con talio de cuatro personas en Bogotá en abril de 2025, un hecho que resultó en la muerte de dos menores de edad. La Fiscalía colombiana busca su retorno al país para que responda por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio. La defensa de la procesada ha argumentado que su estado de salud mental es delicado, planteando dudas sobre la viabilidad de su juzgamiento. Por su parte, expertos legales en el Reino Unido señalan que, a pesar de los recursos defensivos, la extradición es probable debido a la gravedad de los delitos imputados en ambas jurisdicciones. La decisión definitiva sobre el cronograma de las audiencias se conocerá este martes 3 de noviembre.

Análisis político

La estrategia observada refleja una tensión entre la soberanía judicial colombiana y los procedimientos garantistas del sistema británico. Al programar una imputación de cargos en una fecha que colisiona con el proceso de extradición, la Fiscalía colombiana ejerce presión sobre el cronograma internacional, obligando al juez británico a evaluar la prelación de las actuaciones. Esta maniobra busca asegurar que el caso no pierda vigencia y que la justicia colombiana mantenga el control sobre la narrativa del proceso penal. En este escenario, la Fiscalía colombiana gana terreno al mantener el caso activo y bajo su jurisdicción, mientras que la defensa de Guzmán intenta dilatar el proceso mediante la alegación de problemas de salud mental y el aprovechamiento de los cruces de agenda. La construcción de narrativas es divergente: mientras el Estado colombiano presenta el caso como un crimen atroz que requiere justicia inmediata, la defensa busca transformar el proceso en un debate sobre la capacidad mental de la acusada y la idoneidad de las condiciones carcelarias en Colombia, buscando así evitar o retrasar su entrega.