El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago contra el exministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa, y los abogados Luis Hermosilla, Mario Vargas y Samuel Donoso, además del conservador Sergio Yáber. La acción judicial imputa a Ulloa los delitos de revelación de secretos, cohecho agravado y prevaricación, mientras que a los abogados y al conservador se les atribuye el delito de soborno. El organismo sostiene que existió una red de influencias destinada a gestionar el nombramiento de Ulloa en el Poder Judicial a cambio de resoluciones favorables en causas judiciales. La querella detalla que el exministro habría entregado información reservada sobre acuerdos y votaciones de tribunales superiores antes de que fueran públicos. Asimismo, el documento expone transferencias periódicas por 74,3 millones de pesos realizadas por Sergio Yáber a Ulloa entre 2019 y 2025, periodo en el cual el magistrado votó a favor de Yáber en un concurso para un cargo de conservador. Estas acciones, según el CDE, vulneran gravemente el Estado de Derecho y el principio de igualdad ante la ley. Los actores involucrados presentan reacciones divergentes ante la arremetida judicial. Mientras el CDE busca profundizar en las irregularidades de los nombramientos judiciales, el abogado Samuel Donoso calificó la querella como una infamia y un abuso, negando haber entregado beneficios o solicitado retribuciones a Ulloa. La investigación, que se enmarca en el denominado caso Audios, pone bajo la lupa las gestiones de influencia que habrían permitido a este círculo de abogados obtener ventajas procesales y cargos estratégicos.

Análisis político

La estrategia del CDE refleja un esfuerzo institucional por acotar el daño reputacional al Poder Judicial, utilizando la vía penal para desarticular redes de influencia que operaban bajo la fachada de relaciones profesionales. Al incluir a figuras de alto perfil como Samuel Donoso, el organismo busca elevar el costo político de las prácticas de lobby informal, forzando al Ministerio Público a profundizar en las dinámicas de poder que permitieron la captura de nombramientos estratégicos. En este escenario, el CDE y la Fiscalía ganan legitimidad al demostrar capacidad de acción contra actores influyentes, mientras que los abogados querellados pierden capital político y enfrentan una crisis de credibilidad profesional. La narrativa se construye mediante una polarización entre la defensa de la probidad institucional, representada por el CDE, y la denuncia de una supuesta persecución política o abuso de interpretación legal por parte de los imputados, quienes intentan deslegitimar la investigación vinculándola a conflictos previos con los persecutores.