Carolina Tohá cuestiona la nueva agenda de seguridad del Gobierno de José Antonio Kast
Resumen
La exministra del Interior, Carolina Tohá, criticó la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) presentada por el Gobierno de José Antonio Kast. Tohá advirtió que el énfasis en una carga legislativa masiva desviará la energía del Estado hacia el Parlamento, postergando la implementación de herramientas ya existentes y la gestión operativa. Además, cuestionó la ausencia de medidas clave como el aumento de la dotación policial y la inteligencia económica.
Uno de los puntos de mayor controversia es la propuesta de desplegar militares en labores de orden público, medida que la exsecretaria de Estado calificó como conflictiva y compleja al subordinar a las Fuerzas Armadas a estrategias policiales. En su lugar, sugirió enfocar el uso de militares en la protección de infraestructura crítica para liberar efectivos de Carabineros. Asimismo, alertó sobre la inviabilidad de tipificar el ingreso irregular de migrantes como delito, argumentando que el sistema no posee la capacidad para gestionar tal volumen de detenciones.
El oficialismo reaccionó con dureza ante estas declaraciones, acusando a la exministra de mantener una visión garantista que, según el senador Arturo Squella, debe ser superada para combatir el crimen organizado. Por su parte, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió la necesidad de sumar todas las capacidades del Estado, incluyendo a las Fuerzas Armadas, ante la urgencia ciudadana. Mientras tanto, diversos parlamentarios han expresado dudas sobre la constitucionalidad y eficacia de los registros de bandas criminales propuestos por el Ejecutivo.
Análisis Político
La estrategia política observada refleja una clara polarización en torno a la gestión de la seguridad pública, donde el Gobierno busca capitalizar el descontento ciudadano mediante anuncios de alto impacto legislativo y simbólico. Por otro lado, la oposición, representada por figuras como Tohá, intenta desplazar el foco hacia la gestión técnica y la ejecución de reformas previas, buscando evitar que el debate se reduzca a medidas de fuerza que podrían resultar ineficaces o contraproducentes en la práctica.
En este escenario, el Gobierno gana terreno en la construcción de una narrativa de acción y firmeza ante la delincuencia, lo que le permite interpelar a su base electoral y presionar al Congreso. Sin embargo, pierde legitimidad técnica ante sectores críticos que advierten sobre la falta de preparación de las Fuerzas Armadas y la saturación del sistema judicial. La narrativa oficialista se construye sobre la urgencia y la necesidad de un cambio de paradigma, mientras que la oposición construye la suya sobre la prudencia, la capacidad institucional y la crítica a la improvisación legislativa.
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