La Policía Nacional capturó en Ocaña, Norte de Santander, a Dairo Ferizzola Rojas, alias 'Firu' o 'Firulais', integrante del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN. El operativo, denominado Operación Esparta, fue ejecutado por unidades de inteligencia y la DIJIN. El presidente Abelardo De La Espriella confirmó la detención y señaló al capturado como responsable de planear un atentado en su contra por orden del Estado Mayor del Frente de Guerra Nororiental. El detenido contaba con una orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado en persona protegida y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Las autoridades lo vinculan además con el asesinato de tres policías en Río de Oro, Cesar, y con el uso de drones y explosivos en ataques contra la Fuerza Pública. Su perfil criminal, especializado en francotirador, lo posicionaba como un objetivo de alta peligrosidad para la seguridad nacional. El mandatario aprovechó el anuncio para reafirmar su política de seguridad frente a los grupos armados ilegales. De La Espriella declaró que las amenazas contra su integridad no detendrán la ofensiva estatal, sino que fortalecen su determinación de combatir a estas organizaciones. La captura se suma a otras acciones recientes contra cabecillas de grupos criminales en distintas regiones del país.

Análisis político

La estrategia comunicativa del Gobierno se centra en capitalizar un éxito operativo para proyectar una imagen de firmeza y control frente a las amenazas directas contra el jefe de Estado. Al personalizar la narrativa en torno a un supuesto atentado, el presidente refuerza su postura de confrontación total contra el ELN, utilizando el evento para legitimar la continuidad de las operaciones militares y desestimar cualquier posibilidad de negociación bajo presión armada. El presidente gana legitimidad ante su base electoral al mostrar resultados tangibles en seguridad, mientras que el ELN pierde capacidad operativa y presencia en el Catatumbo. La narrativa oficial construye una dicotomía clara entre el Estado y el terrorismo, donde la captura no es solo un hecho judicial, sino un símbolo de la resistencia del Ejecutivo frente a la violencia, consolidando una retórica de autoridad inquebrantable.