Capitán de la Policía testificará que Laura Sarabia ordenó polígrafo a Marelbys Meza
Resumen
El capitán de la Policía Óscar Leandro Mojica firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía, comprometiéndose a declarar bajo juramento contra la actual embajadora en Londres, Laura Sarabia. Según el testimonio, Sarabia habría ordenado personalmente al entonces jefe de seguridad presidencial, el coronel Carlos Feria, realizar una prueba de polígrafo a su empleada doméstica, Marelbys Meza, tras el robo de un maletín en su residencia en enero de 2023. El acuerdo judicial suspende parcialmente las acciones penales contra el oficial por el delito de violación ilícita de comunicaciones a cambio de su colaboración como testigo de cargo.
Este desarrollo judicial es relevante porque vincula directamente a la exjefa de gabinete con el uso irregular de recursos y bienes del Estado para asuntos de carácter privado. El caso, que ha permanecido abierto durante más de dos años, también involucra al mayor Duván Andrés Muñoz y se suma a las investigaciones previas sobre interceptaciones ilegales y falsedad en documentos públicos. La Fiscalía busca con este testimonio esclarecer la cadena de mando y las decisiones tomadas desde el momento en que se denunció el hurto hasta la ejecución de las pruebas irregulares.
El evento ocurre en un contexto de cuestionamientos persistentes sobre la seguridad presidencial y la muerte del coronel Óscar Dávila, cuya investigación fue archivada por la Fiscalía al concluirse como un suicidio. Paralelamente, otras figuras del entorno gubernamental han denunciado presiones y riesgos de seguridad relacionados con este proceso. La nueva evidencia judicial promete reactivar los juicios orales contra los altos funcionarios y oficiales implicados en el escándalo de las chuzadas y el polígrafo.
Análisis Político
La estrategia de la Fiscalía se centra en la figura del 'testigo estrella' para romper la cadena de mando y escalar la responsabilidad penal hacia los niveles más altos del Ejecutivo. Al otorgar un principio de oportunidad a un oficial de rango medio, el ente investigador busca obtener pruebas directas que permitan superar el estancamiento judicial de un caso que ha afectado la imagen del Gobierno durante años. Por su parte, los implicados enfrentan una narrativa que los señala por el uso indebido de capacidades estatales para resolver conflictos personales, lo que debilita su defensa técnica frente a la opinión pública.
En este escenario, el Gobierno y sus funcionarios pierden capital político al verse nuevamente vinculados a prácticas de interceptación y abuso de poder, mientras que la Fiscalía gana legitimidad al mostrar avances concretos en un proceso de alto perfil. La construcción de narrativas es divergente: mientras la justicia se enfoca en la ilegalidad del uso de recursos públicos, los sectores cercanos al oficialismo han intentado históricamente minimizar el impacto del caso, aunque el nuevo testimonio dificulta sostener la versión de que las actuaciones fueron procedimientos estándar de seguridad.
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