Cancillería firma contrato con Thomas Greg y Sons para expedir pasaportes por 15 meses
Resumen
La Cancillería de Colombia suscribió un contrato por 240.352 millones de pesos con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2027, liderada por Thomas Greg & Sons, para la producción y distribución de pasaportes. Esta medida, calificada como una solución temporal, se implementó bajo la figura de urgencia manifiesta tras la suspensión judicial de los convenios previos con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal. El acuerdo tendrá una vigencia hasta el 17 de diciembre de 2027 y busca evitar la interrupción del servicio ante el agotamiento del inventario de libretas.
El canciller Omar Bula enfatizó que la contratación garantiza la continuidad del servicio sin modificar las tarifas para los ciudadanos, manteniendo los valores unitarios de vigencias anteriores. La decisión responde a una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que frenó el modelo estatal impulsado por la administración anterior. El proceso cuenta con el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría para asegurar la transparencia en la ejecución de los recursos.
La administración actual trabaja simultáneamente en la estructuración de una nueva licitación pública para definir el modelo definitivo de expedición de documentos. Mientras tanto, el Gobierno sostiene que la infraestructura y capacidad técnica de la firma contratada son necesarias para cubrir la demanda mensual estimada entre 160.000 y 170.000 libretas. Este movimiento marca el retorno del operador histórico al proceso de contratación pública tras los litigios y controversias que rodearon el modelo de producción estatal.
Análisis Político
La estrategia del Gobierno se centra en la pragmática de la continuidad administrativa frente a la crisis operativa, utilizando la urgencia manifiesta para sortear el vacío dejado por la suspensión judicial del modelo anterior. Al mantener los precios y asegurar el servicio, el Ejecutivo busca neutralizar el costo político de una posible parálisis en la expedición de documentos, distanciándose de la gestión previa que intentó excluir a este contratista mediante un modelo estatal que terminó enredado en cuestionamientos jurídicos y técnicos.
El gran perdedor es el modelo de soberanía documental impulsado por el expresidente Gustavo Petro, cuya narrativa de eliminar la dependencia de privados se ve desarticulada por la realidad operativa y las decisiones judiciales. Por otro lado, el expresidente utiliza este evento para reforzar su narrativa de desconfianza hacia Thomas Greg & Sons, vinculando el contrato con supuestas irregularidades electorales pasadas. Esta confrontación narrativa permite al Gobierno actual presentarse como un gestor eficiente y técnico, mientras el sector opositor mantiene viva la sospecha sobre la influencia de este contratista en el Estado.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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