El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia declaró la urgencia manifiesta el 17 de septiembre de 2026 para asegurar la continuidad en la expedición, personalización y entrega de pasaportes y visas. Esta medida administrativa fue adoptada tras la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender provisionalmente los convenios que sustentaban el nuevo modelo de producción de pasaportes. La Cancillería busca evitar interrupciones en el servicio mientras se estructura un nuevo proceso de licitación pública que cumpla con los requisitos de planeación y soporte fiscal exigidos por la justicia. La entidad gubernamental enfatizó que el servicio en las oficinas expedidoras y consulados opera con normalidad y que las citas previamente programadas se mantienen vigentes sin necesidad de trámites adicionales para los ciudadanos. El Tribunal, por su parte, negó las solicitudes de aclaración presentadas por la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, argumentando que no le corresponde al órgano judicial sustituir a la administración en la planeación de medidas de contingencia. La providencia judicial subrayó que es deber de las autoridades competentes garantizar la prestación del servicio público bajo las normas vigentes. La declaratoria de urgencia, fundamentada en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, permite la contratación directa y transitoria para cubrir las necesidades indispensables del servicio. El Gobierno Nacional anunció que todos los actos administrativos y contratos derivados de esta emergencia serán remitidos a la Contraloría General de la República para su control fiscal. Mientras tanto, el proceso judicial continúa su curso para determinar la legalidad definitiva de los convenios cuestionados por presuntos vacíos en la planeación y acreditación de soportes fiscales.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la contención de daños operativos para evitar una crisis de servicio público que afecte la percepción ciudadana, utilizando la urgencia manifiesta como un mecanismo de salvaguarda ante la parálisis judicial. Esta maniobra permite al Ejecutivo mantener la operatividad mientras intenta sortear las deficiencias técnicas y fiscales señaladas por el Tribunal, trasladando la responsabilidad de la planeación hacia una futura licitación pública que busca legitimidad institucional. En este escenario, el Gobierno pierde margen de maniobra al verse obligado a retroceder en su modelo de producción estatal, mientras que los actores judiciales y los sectores críticos de la gestión anterior ganan terreno al imponer controles estrictos sobre la contratación pública. La narrativa oficial intenta proyectar estabilidad y normalidad para los usuarios, mientras que la oposición y los demandantes construyen un relato sobre la improvisación administrativa y la falta de rigor en la planeación de un servicio esencial para los colombianos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores declaró la urgencia manifiesta el 17 de septiembre de 2026 para asegurar la continuidad en la expedición de pasaportes y visas. Esta medida responde a la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que suspendió provisionalmente los convenios del nuevo modelo de producción de documentos por dudas sobre planeación, cronogramas y soportes fiscales. La Cancillería enfatizó que el servicio en oficinas y consulados opera con normalidad y las citas programadas permanecen vigentes. La decisión judicial se produjo tras negar las solicitudes de aclaración presentadas por la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal. El Tribunal argumentó que no le corresponde al juez sustituir a la administración en la toma de decisiones operativas o contractuales ante contingencias. La medida cautelar mantiene congelado el núcleo contractual del nuevo modelo mientras avanza el proceso judicial de fondo derivado de una acción popular. El Gobierno Nacional inició simultáneamente la estructuración de un nuevo proceso de licitación pública para establecer una solución permanente y transparente. Todos los contratos temporales derivados de la urgencia manifiesta serán remitidos a la Contraloría General de la República para su control fiscal. La entidad reiteró que los ciudadanos no deben realizar trámites adicionales debido a esta situación institucional.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la contención de daños mediante la figura de la urgencia manifiesta, buscando evitar una crisis de servicio público que afecte la percepción ciudadana sobre la gestión estatal. Al delegar el control fiscal a la Contraloría, el Ejecutivo intenta blindar su actuación administrativa frente a los cuestionamientos judiciales sobre la transparencia y planeación del modelo de pasaportes, intentando mantener la legitimidad operativa mientras se reestructura la licitación. En este escenario, el Gobierno pierde capacidad de maniobra al verse obligado a retroceder en su modelo de producción estatal, mientras que los sectores críticos y los demandantes ganan terreno al forzar una revisión judicial de los convenios. La narrativa oficial insiste en la normalidad del servicio para minimizar el impacto político, mientras que la contraparte judicial y los actores críticos construyen un relato basado en la improvisación administrativa y la falta de rigor técnico en la ejecución de políticas públicas.