Cancillería denuncia despilfarro en consulado de Tijuana que nunca entró en funcionamiento
Resumen
La Cancillería de Colombia denunció la existencia de un consulado en Tijuana, México, creado durante el gobierno de Gustavo Petro, que nunca prestó servicios al público. La entidad reveló que el Estado destinó cerca de 500 millones de pesos en salarios para una cónsul designada, además de asumir costos por arrendamiento de una oficina sin uso, viáticos y transporte de menaje. El actual gobierno calificó la situación como un despilfarro y anunció una operación de rescate para sanear las finanzas del Ministerio.
La funcionaria asignada, Maryory Ecinedth Pabón Gavilán, recibió más de 153.000 dólares en salarios durante nueve meses, con una asignación mensual de 14.700 dólares. El caso ha generado controversia debido a que el nombramiento ocurrió tras la anulación de una designación previa de la misma funcionaria en Canadá por falta de requisitos. La Cancillería confirmó que existen obligaciones económicas pendientes por el alquiler del inmueble en la Zona Dorada de Tijuana, las cuales aún están siendo cuantificadas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría desde agosto de 2026 para determinar responsabilidades administrativas y disciplinarias. Por su parte, la Procuraduría amplió una indagación previa que ya incluía otras sedes consulares en México y Turquía. El gobierno actual sostiene que estas medidas son necesarias para enfrentar el desastre fiscal heredado de la administración anterior.
Análisis Político
La estrategia del actual gobierno se centra en la narrativa de la 'operación rescate', utilizando el hallazgo de irregularidades administrativas como un mecanismo para deslegitimar la gestión diplomática del gobierno anterior. Al exponer cifras específicas de gastos sin contraprestación de servicios, el Ejecutivo busca capitalizar el descontento ciudadano frente al manejo de los recursos públicos y el déficit fiscal, posicionándose como una administración que toma decisiones valientes y correctivas frente al supuesto derroche.
En este escenario, el gobierno de Abelardo De La Espriella gana terreno político al presentarse como un ente fiscalizador que pone orden en la casa, mientras que el legado del gobierno de Gustavo Petro pierde credibilidad en el ámbito de la gestión exterior. La construcción de esta narrativa se apoya en la contraposición entre la austeridad necesaria y la supuesta irresponsabilidad administrativa, lo que permite al actual gabinete consolidar su imagen de eficiencia frente a la opinión pública y los organismos de control.
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