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Octubre 28, 2026
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Cámara pide al Gobierno revisar rebajas de condenas a agresores sexuales desde 2022

Resumen i

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una resolución que solicita al Ejecutivo revisar y revocar, cuando corresponda, los decretos de rebaja de condena otorgados a agresores sexuales desde 2022. La iniciativa, impulsada por Renovación Nacional, busca priorizar proyectos que prohíban estos beneficios para delitos violentos e incorporen la participación de las víctimas en el proceso. Esta medida surge tras la polémica por 56 decretos de reducción de pena firmados por la actual administración, sumados a otros 276 concedidos durante el gobierno anterior.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha defendido la legalidad de sus actuaciones argumentando que se limitó a cumplir con la jurisprudencia de la Corte Suprema y un supuesto vacío legal respecto a la irretroactividad de la ley de 2022. Por su parte, el Ejecutivo ha optado por suspender la tramitación de nuevos decretos y dar urgencia a reformas legislativas, incluyendo la creación de tribunales de ejecución de penas. La oposición ha cuestionado la gestión del ministro, exigiendo que se agoten todas las instancias para revertir los beneficios ya otorgados.

El debate técnico se centra en si la rebaja de condena constituye un derecho adquirido o una mera expectativa, y en la disparidad de criterios judiciales observada en los últimos años. Mientras el Gobierno actual sostiene que su actuar fue una aplicación directa de fallos judiciales, sectores opositores y exautoridades señalan que el gobierno anterior litigaba activamente contra estas solicitudes en tribunales. La controversia ha derivado en una presión política creciente sobre el Ministerio de Justicia y la necesidad de una solución legislativa definitiva.

Análisis Político i

La estrategia política observada refleja una pugna por la narrativa de la responsabilidad institucional frente a la crisis de seguridad. El Gobierno intenta normalizar la entrega de beneficios presentándolos como un cumplimiento técnico de mandatos judiciales, buscando equiparar su gestión con la de la administración anterior para diluir el costo político. Por otro lado, la oposición utiliza la indignación pública por los delitos sexuales para desgastar al Ejecutivo, planteando la posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro de Justicia y forzando al Gobierno a adoptar medidas de control más estrictas.

En este escenario, el gran perdedor es el ministro Fernando Rabat, cuya gestión ha quedado bajo escrutinio y presión constante, debilitando su posición política. El Gobierno, aunque intenta controlar el daño mediante la suspensión de decretos y el impulso de leyes, pierde capital político al ser percibido como responsable de una medida altamente impopular. La oposición, al liderar la agenda legislativa y exigir la revocación de los beneficios, logra capitalizar el descontento ciudadano, posicionándose como defensora de las víctimas y del orden público.

Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente

✓ VERIFICADO
Información corroborada por 17 medios independientes.

Sesgo mediático i

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