La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó con 111 votos a favor el proyecto de ley que reforma el Sistema de Admisión Escolar (SAE), permitiendo que el texto continúe su tramitación en el Senado. La iniciativa introduce un mecanismo de elección mutua opcional para establecimientos con sobredemanda, buscando reducir el peso del azar en la asignación de vacantes. El Ejecutivo argumenta que el modelo actual, vigente hace diez años, resulta excesivamente rígido e impersonal para las familias y los proyectos educativos. La ministra de Educación, María Paz Arzola, y el subsecretario Daniel Rodríguez defendieron la propuesta como una forma de devolver la autonomía a los colegios y reconocer el mérito académico. El proyecto establece que los establecimientos que opten por este nuevo mecanismo deberán reservar un 20% de sus cupos para estudiantes prioritarios y un 10% para alumnos con necesidades educativas especiales. El Ministerio de Educación enfatizó que se mantendrá un registro único centralizado para evitar la creación de vías paralelas de admisión. La oposición, representada principalmente por el Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista, manifestó su rechazo a la iniciativa durante la votación en la Cámara Baja. El subsecretario Rodríguez reconoció la existencia de dudas técnicas y riesgos de discriminación arbitraria, asegurando que se implementarán fiscalizaciones ex ante y declaraciones juradas para los directores. El Gobierno mantiene su disposición a realizar modificaciones en el Senado, siempre que no se altere el núcleo de la reforma.

Análisis político

La estrategia del Ejecutivo se centra en capitalizar el descontento ciudadano frente a la rigidez del algoritmo de asignación, posicionando el concepto de 'mérito' como un valor central frente a la percepción de impersonalidad del sistema actual. Al integrar cuotas obligatorias para estudiantes prioritarios y con necesidades especiales, el Gobierno intenta neutralizar las críticas sobre una posible segregación, buscando un equilibrio entre la autonomía de los establecimientos y las garantías de inclusión social. El Gobierno gana terreno al lograr un respaldo transversal en la Cámara, lo que le otorga legitimidad para avanzar en una de sus reformas prioritarias, mientras que la oposición pierde capacidad de veto al no lograr articular una mayoría que detuviera el proyecto. La narrativa oficialista se construye bajo la premisa de 'devolver la confianza' a las familias, mientras que sus detractores mantienen una postura cautelosa ante el riesgo de que la selección recíproca erosione los avances en equidad logrados en la última década.