Cámara de Diputados aprueba moción que solicita la renuncia del ministro de Justicia
Resumen
La Cámara de Diputados aprobó una moción que exige la renuncia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras la polémica generada por la rebaja de penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores. Durante una sesión especial, el secretario de Estado defendió su gestión argumentando que se limitó a cumplir con la ley y las sentencias de la Corte Suprema, señalando además la existencia de vacíos legales en la normativa vigente desde 2022. Rabat sostuvo que no ha infringido ninguna norma constitucional y que su actuación se ajustó a las competencias de su cartera.
La oposición, liderada por sectores del Frente Amplio y la Democracia Cristiana, calificó la medida como inaceptable y anunció la presentación de una acusación constitucional contra el ministro. Parlamentarios opositores cuestionaron la falta de respuestas claras durante la sesión y argumentaron que el Ejecutivo debió actuar con mayor rigor para evitar la liberación de agresores. Por su parte, el oficialismo mostró fisuras, registrándose votos a favor de la moción y abstenciones por parte de diputados de Renovación Nacional y la UDI.
El Gobierno, bajo instrucciones del Presidente José Antonio Kast, ha reafirmado su compromiso de trabajar en reformas legislativas para cerrar los vacíos legales y priorizar la atención a las víctimas para evitar su revictimización. El ministro Rabat enfatizó que el Ejecutivo buscará corregir la legislación para impedir que delincuentes sexuales accedan a futuros beneficios. Mientras tanto, el libelo acusatorio sigue en curso, independientemente de una posible salida del secretario de Estado del gabinete.
Análisis Político
La estrategia política observada se basa en una defensa técnica del Ejecutivo, que intenta trasladar la responsabilidad hacia el Poder Judicial y el Congreso, argumentando que la aplicación de la ley es un acto administrativo obligatorio ante la jurisprudencia de la Corte Suprema. Por otro lado, la oposición utiliza el evento para capitalizar el descontento social, empleando la acusación constitucional como una herramienta de presión política que busca desgastar la figura del ministro y, por extensión, la gestión del Presidente Kast, construyendo una narrativa de indolencia gubernamental frente a la protección de la infancia.
En este escenario, el Gobierno pierde capital político al quedar expuesto a una crisis de gobernabilidad y a la fragmentación de su propia coalición, evidenciada en las abstenciones y votos oficialistas a favor de la moción. La oposición, aunque logra una victoria simbólica en la Cámara, enfrenta el desafío de mantener la cohesión en el proceso de acusación constitucional. La narrativa se polariza entre la defensa de la legalidad estricta, sostenida por el oficialismo, y la exigencia de responsabilidad política y ética, impulsada por los sectores opositores.
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