El Congreso chileno ha avanzado en la tramitación de la denominada Ley Valentín, iniciativa que modifica la Ley de Copropiedad Inmobiliaria para prevenir caídas accidentales desde edificaciones en altura. El proyecto, que surgió tras el fallecimiento de menores en accidentes domésticos, establece que los reglamentos de copropiedad no podrán prohibir la instalación de sistemas de seguridad como mallas o bloqueadores de ventanas. La normativa obliga a los residentes de unidades sobre el primer piso donde habiten niños menores de 12 años o personas con necesidades especiales a implementar dispositivos de protección idóneos. La Comisión Mixta logró unificar criterios entre ambas cámaras para destrabar el proyecto, el cual recibió un amplio respaldo legislativo con 130 votos a favor en la Cámara de Diputados. El texto permite que las administraciones de los edificios establezcan estándares mínimos de calidad y mantención para resguardar la homogeneidad y seguridad estructural. Además, se determinó que los fabricantes e instaladores serán responsables por fallas en los sistemas bajo la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. La implementación de estas medidas será obligatoria y entrará en vigor 24 meses después de su publicación en el Diario Oficial. Durante el debate parlamentario, se valoró el avance en la protección de la infancia, aunque surgieron preocupaciones sobre el impacto económico que esta obligación podría generar en familias de sectores vulnerables. El proyecto se encuentra en su fase final, restando solo la ratificación del informe de la Comisión Mixta para su posterior promulgación.

Análisis político

La estrategia política observada se basa en la canalización de demandas ciudadanas surgidas tras tragedias mediáticas, utilizando el nombre de las víctimas para acelerar la tramitación legislativa y generar consenso transversal. Al transformar una medida de seguridad voluntaria en una obligación legal, el sistema político busca proyectar una imagen de eficacia ante la opinión pública, minimizando los costos políticos de la inacción frente a accidentes evitables. En este evento, los principales ganadores son las familias con menores de edad, quienes obtienen un respaldo legal frente a reglamentos de copropiedad restrictivos, mientras que los legisladores capitalizan políticamente el avance de una agenda de protección a la infancia. Por otro lado, los sectores que podrían verse perjudicados son los copropietarios de menores recursos, quienes deberán asumir los costos de instalación y mantención de estos dispositivos en un plazo de dos años, lo que ha generado un debate sobre la equidad en la aplicación de la norma.