La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto conocido como Ley Naín-Retamal 2.0, que extiende la presunción de legítima defensa privilegiada a funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad que se encuentren de franco. La iniciativa obtuvo 114 votos a favor, 26 en contra y dos abstenciones, permitiendo que los efectivos puedan utilizar armas u otros medios de defensa al repeler agresiones graves contra su integridad o la de terceros fuera de su horario laboral. El texto busca corregir el vacío legal de la normativa vigente, que solo protege a los agentes durante el cumplimiento de sus funciones activas. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, respaldó la medida argumentando que el deber y el riesgo de los funcionarios no cesan al terminar su turno, por lo que el Estado no debe dejarlos en desamparo jurídico. Durante el debate, el Ejecutivo enfatizó que la protección es necesaria para evitar que los agentes enfrenten consecuencias legales adversas al intervenir en situaciones de flagrancia. Esta postura fue compartida por parlamentarios de diversos sectores que ven en la ley un escudo necesario para quienes arriesgan su vida en defensa de la ciudadanía. La votación evidenció una fractura en la oposición, con diputados del Partido Socialista, el PPD e independientes apoyando la moción junto a la derecha, mientras que sectores del Frente Amplio y el Partido Comunista votaron en contra. Los detractores advirtieron sobre los riesgos de ampliar esta figura sin mecanismos de control adicionales, señalando posibles espacios de impunidad. La iniciativa continuará ahora su tramitación en el Senado, donde se espera un debate sobre la precisión de su aplicación y la extensión de estas facultades a las Fuerzas Armadas.

Análisis político

La aprobación de este proyecto revela una estrategia de seguridad donde el Ejecutivo y sectores de la oposición buscan capitalizar la demanda ciudadana por mayor protección a las policías, desplazando el eje del debate hacia la 'certeza jurídica' de los agentes. Al lograr que parlamentarios de centroizquierda respalden la iniciativa, el gobierno y la derecha logran romper el bloque opositor, instalando la narrativa de que la seguridad es una prioridad transversal y no un patrimonio ideológico exclusivo. Este movimiento político busca aislar a las posturas más críticas, presentándolas como desconectadas de la realidad operativa de las fuerzas de orden. En este escenario, los grandes ganadores son las instituciones policiales y los sectores políticos que impulsan una agenda de mano dura, al consolidar un marco legal que les otorga mayor discrecionalidad en el uso de la fuerza. Por el contrario, los sectores de izquierda que se opusieron pierden influencia en la agenda legislativa de seguridad, quedando en una posición defensiva frente a una narrativa que prioriza la protección del funcionario sobre los mecanismos de control. La construcción de esta 'Ley Naín-Retamal 2.0' funciona como un símbolo político que eleva el costo de oponerse a medidas que, bajo el discurso de la protección, limitan la fiscalización del actuar policial.