El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, precisó que su propuesta de libertad anticipada no contempla la excarcelación del 50% de los más de 93.000 detenidos bajo el régimen de excepción. El mandatario aclaró que el plan se limita a evaluar a 10.629 personas identificadas como colaboradores ocasionales o circunstanciales de las pandillas, excluyendo explícitamente a los miembros activos de estas estructuras criminales. Según el Ejecutivo, aproximadamente la mitad de este grupo específico podría acceder al programa 'Cero Ocio' para cumplir sus penas mediante trabajos de utilidad pública. La aclaración surgió tras diversas interpretaciones mediáticas que sugerían una liberación masiva de reclusos. Bukele calificó estas versiones como una tergiversación y enfatizó que los beneficiarios seguirán siendo considerados culpables de delitos menores, aunque se les permitirá salir de prisión bajo monitoreo y condiciones especiales. El mandatario reiteró que ningún pandillero será liberado, manteniendo su postura de mano dura contra las organizaciones criminales que, según su administración, fueron responsables de la violencia histórica en el país. Organizaciones humanitarias han cuestionado la medida, señalando la falta de claridad sobre los criterios probatorios para definir quién es un colaborador y quién es inocente. Estos grupos denuncian que el régimen de excepción ha facilitado detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos, incluyendo más de 500 muertes bajo custodia estatal. Mientras el Gobierno defiende su modelo de seguridad como el más efectivo del mundo, los críticos advierten sobre la opacidad en los procesos judiciales y el riesgo de mantener encarceladas a personas que actuaron bajo coacción.

Análisis político

La estrategia política de Bukele se basa en el control absoluto de la narrativa sobre la seguridad nacional, utilizando la rectificación pública para desarticular críticas que podrían afectar su alta popularidad. Al diferenciar entre 'pandilleros' y 'colaboradores casuales', el mandatario busca proyectar una imagen de justicia técnica y pragmática, evitando que la percepción de una liberación masiva debilite su principal activo político: la reducción de la criminalidad. Esta maniobra le permite mantener el respaldo de su base electoral mientras gestiona la presión internacional sobre los derechos humanos. El Gobierno gana al posicionarse como un ente que evalúa la proporcionalidad de las penas sin ceder en su política de seguridad, mientras que las organizaciones de víctimas y derechos humanos pierden capacidad de incidencia al enfrentarse a un discurso oficial que descalifica sus denuncias como tergiversaciones. La construcción de la narrativa se divide entre la eficacia del Estado, que se presenta como un sistema infalible, y la preocupación por el debido proceso, que queda relegada a un segundo plano frente a los resultados tangibles en la reducción de homicidios.