El gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta una creciente controversia tras la confirmación de la muerte de seis menores de edad en operaciones militares ejecutadas durante su primer mes de mandato. El primer incidente ocurrió el 10 de agosto en el Catatumbo, donde un adolescente de 16 años falleció en un bombardeo contra el ELN, mientras que un segundo operativo el 27 de agosto en el Guaviare contra disidencias de las Farc resultó en la muerte de otros tres menores. Las autoridades forenses confirmaron estas identidades, sumando un total de seis víctimas menores de edad en apenas cuatro semanas de gestión presidencial. El presidente De la Espriella y el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, han defendido la legalidad de los ataques bajo los parámetros del Derecho Internacional Humanitario. El Ejecutivo sostiene que los menores fallecidos se encontraban en funciones de combate y que la responsabilidad recae exclusivamente en los grupos armados ilegales que los reclutan y utilizan como escudos humanos. Esta postura ha sido respaldada por la cúpula militar, que enfatiza la necesidad de mantener la ofensiva contra las estructuras criminales para garantizar la seguridad nacional. Organizaciones como Save the Children han cuestionado la planeación de estas operaciones, argumentando que la presencia de menores debe ser prevista mediante labores de inteligencia antes de decidir el uso de bombardeos. El debate político se ha intensificado al comparar estas cifras con las registradas en administraciones anteriores, donde también se reportaron muertes de menores en contextos similares. Ante la presión, el Gobierno anunció la creación de una mesa interdisciplinaria para endurecer las sanciones contra el reclutamiento forzado y fortalecer la protección de la infancia.

Análisis político

La estrategia del gobierno de De la Espriella se fundamenta en una narrativa de 'mano dura' y confrontación directa, utilizando la comunicación visual de las operaciones militares para proyectar autoridad y eficacia. Al desplazar la responsabilidad ética hacia los grupos armados por el reclutamiento forzado, el Ejecutivo intenta blindarse políticamente frente a las críticas por los daños colaterales, enmarcando el debate en la legalidad del Derecho Internacional Humanitario en lugar de la protección de derechos humanos. En este escenario, el Gobierno gana legitimidad ante sectores que exigen resultados inmediatos contra la criminalidad, pero pierde capital político ante organismos internacionales y defensores de derechos humanos que exigen mayor precisión en la inteligencia militar. La oposición y las organizaciones sociales construyen una narrativa centrada en la vulnerabilidad de los menores como víctimas del Estado, mientras que el oficialismo logra capitalizar el antecedente de gobiernos previos para diluir la responsabilidad política de su propia administración.