Bogotá restringe el uso de celulares en colegios públicos y privados
Resumen
La Alcaldía de Bogotá expidió la Resolución 1037 de 2026, la cual limita el uso de teléfonos móviles y dispositivos con pantalla en instituciones educativas oficiales y privadas. La medida, denominada '(Re)conectarnos para aprender', prohíbe el uso de celulares durante la jornada escolar, incluyendo los descansos, salvo en casos específicos de salud, emergencias o educación inclusiva. El alcalde Carlos Fernando Galán y la secretaria de Educación, Julia Rubiano, presentaron la normativa argumentando la necesidad de reducir distracciones y fomentar entornos de aprendizaje seguros.
La regulación establece límites de tiempo para el uso de pantallas según el grado escolar, priorizando el juego y la interacción social en los niveles iniciales. Mientras que en prejardín se busca retirar las pantallas, en grados superiores como octavo a undécimo se permite su uso exclusivamente bajo supervisión docente y con fines pedagógicos definidos. La norma no prohíbe portar los dispositivos, pero exige que permanezcan guardados y en silencio durante el horario académico.
Las instituciones educativas disponen de un plazo de seis meses para ajustar sus manuales de convivencia y pactos de corresponsabilidad a las nuevas disposiciones. La Secretaría de Educación realizará una evaluación tras el primer año de implementación para medir el impacto en el bienestar y el rendimiento académico de los estudiantes. Esta política se fundamenta en datos que indican un uso promedio de nueve horas diarias de dispositivos por parte de los menores y reportes docentes sobre distracciones recurrentes en el aula.
Análisis Político
La administración distrital emplea una estrategia de intervención regulatoria basada en la evidencia científica y la participación ciudadana, buscando capitalizar el respaldo de padres y docentes preocupados por la salud mental y la atención escolar. Al enmarcar la medida como una política de 'corresponsabilidad', el gobierno local traslada parte de la carga operativa a las instituciones, evitando una confrontación directa con los sectores que defienden la autonomía escolar mientras proyecta una imagen de autoridad y orden en el sistema educativo.
El alcalde Carlos Fernando Galán se posiciona como un gestor que prioriza el bienestar integral, ganando legitimidad ante sectores conservadores y familias que demandan mayor control sobre el entorno digital. Por el contrario, los estudiantes y sectores que abogan por la autorregulación pierden capacidad de agencia sobre sus herramientas de interacción, quedando supeditados a la supervisión docente. La narrativa oficial construye el celular como un factor de riesgo para la socialización, mientras que la oposición o los críticos de la medida intentan posicionarlo como una herramienta de aprendizaje que requiere educación en lugar de prohibición.
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