A partir del 1 de julio, Colombia iniciará la transición gradual del Sisbén al Registro Universal de Ingresos (RUI), un nuevo sistema diseñado para mejorar la focalización de subsidios y programas sociales. Este cambio, que se extenderá por dos años, dejará de depender principalmente de encuestas a ciudadanos para apoyarse en información de 47 entidades públicas, incluyendo la DIAN y la Registraduría. El objetivo es obtener una caracterización más actualizada de las condiciones socioeconómicas de los hogares. La secretaria distrital de Planeación, Úrsula Ablanque Mejía, explicó que el RUI integrará datos de diversas entidades para clasificar a las personas en grupos socioeconómicos, los cuales servirán de referencia para la asignación de beneficios. Sin embargo, aclaró que el RUI no determinará directamente la inclusión o exclusión de beneficiarios, ya que esa decisión seguirá siendo responsabilidad de las entidades que administran cada programa. La transición permitirá realizar análisis de impacto y ajustes metodológicos. Cifras preliminares del Departamento Nacional de Planeación sugieren que la clasificación socioeconómica de un número significativo de personas podría cambiar, con 615.175 individuos registrando una clasificación superior y 957.245 una inferior en comparación con el Sisbén actual. Se enfatiza que la implementación se realizará con criterios técnicos para evitar afectaciones a la población vulnerable y que la posesión de vivienda propia no excluirá automáticamente a los ciudadanos, a menos que genere rentabilidad.

Análisis político

La implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI) representa una estrategia gubernamental para modernizar y eficientar la política social, buscando superar las limitaciones del Sisbén, como la dependencia de información autodeclarada y la dispersión de instrumentos de focalización. El gobierno busca construir una narrativa de mayor precisión y equidad en la asignación de ayudas, utilizando registros administrativos para una caracterización más dinámica y confiable de los hogares. El principal beneficiado de esta transición es el Estado, que aspira a optimizar el gasto público social y mejorar la efectividad de sus programas. Los ciudadanos, por su parte, se enfrentan a una potencial reconfiguración de su clasificación socioeconómica, lo que podría generar incertidumbre, aunque se busca mitigarla con un periodo de transición y aclaraciones sobre la no exclusión automática por posesión de bienes. Los actores políticos, como concejales, han intervenido para asegurar la gradualidad y la protección de los sectores más vulnerables, construyendo narrativas de transparencia y garantía en el proceso.