El expresidente Gustavo Petro anunció una campaña para que los ciudadanos dejen de comprar tiquetes en Avianca, luego de que la aerolínea cancelara sus reservas para viajar a México. La compañía justificó la medida argumentando que su inclusión en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) de la OFAC le impide prestar servicios a personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Avianca aclaró que esta decisión no responde a criterios políticos, sino al cumplimiento estricto de regulaciones internacionales debido a sus operaciones financieras y comerciales en territorio estadounidense. Petro calificó la cancelación como una arbitrariedad y un acto de discriminación política, argumentando que las sanciones de la OFAC no deberían aplicarse a una empresa que, según él, no es estadounidense. El exmandatario sostuvo que la aerolínea debe responder jurídicamente por esta exclusión y extendió su llamado a la comunidad colombiana en el Reino Unido para que también emprenda acciones legales. Finalmente, el expresidente pudo realizar su viaje a México utilizando los servicios de otra aerolínea, Aeroméxico, que no aplicó restricciones similares. La controversia ha generado un debate sobre el alcance extraterritorial de las sanciones estadounidenses y las obligaciones de cumplimiento normativo de las empresas privadas. Mientras Avianca insiste en que su estructura corporativa global y el uso del sistema financiero norteamericano la obligan a acatar las directrices de la OFAC, Petro mantiene su postura de que se trata de una vulneración de sus derechos. El caso permanece sin una definición judicial que dirima si la actuación de la aerolínea se ajusta a la legislación colombiana o si prevalecen las normativas internacionales invocadas por la empresa.

Análisis político

La estrategia de Gustavo Petro se centra en la victimización y la movilización social, utilizando su plataforma en redes sociales para transformar una restricción técnica y legal en una narrativa de persecución política. Al invocar la soberanía nacional y cuestionar la legitimidad de las sanciones extranjeras sobre empresas que operan en Colombia, busca capitalizar el descontento contra actores corporativos, posicionándose como un defensor de los derechos ciudadanos frente a lo que denomina arbitrariedades. En este evento, Avianca gana en términos de cumplimiento normativo y blindaje legal ante posibles sanciones de Estados Unidos, pero pierde en reputación pública al ser blanco de una campaña de boicot liderada por una figura política influyente. Por su parte, Petro pierde la comodidad de sus planes de viaje, pero gana visibilidad política al mantener vigente su discurso de confrontación contra el sistema financiero y las instituciones internacionales, construyendo una narrativa donde él es el sujeto afectado por una supuesta injerencia externa.

La aerolínea Avianca canceló los tiquetes del expresidente Gustavo Petro para un viaje programado a México, argumentando que su inclusión en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) de la OFAC le impide prestarle servicios. La empresa notificó la decisión mediante una carta enviada el 24 de agosto, seis días antes de la fecha del vuelo, y procedió al reembolso total del dinero pagado. Según la compañía, esta medida es una obligación regulatoria ineludible debido a sus operaciones financieras, comerciales y corporativas en Estados Unidos. El expresidente Petro calificó la acción como una arbitrariedad de carácter político y una exclusión injustificada, argumentando que la ley OFAC es una sanción administrativa estadounidense que no debería aplicarse a una empresa colombiana. El exmandatario cuestionó la legalidad de la decisión bajo las normas nacionales y sugirió que la aerolínea debería responder jurídicamente por lo que considera una restricción indebida. Finalmente, Petro logró realizar su viaje a México utilizando los servicios de otra aerolínea que no aplicó las mismas restricciones. La controversia generó un contraste entre la versión de la aerolínea, que sostiene un cumplimiento estricto de normas internacionales, y la postura del exmandatario, quien denunció una persecución política. Avianca enfatizó que su decisión no fue discrecional ni motivada por intereses internos, sino por la necesidad de evitar sanciones por parte del Departamento del Tesoro estadounidense. El evento destaca las tensiones legales y políticas que enfrentan figuras públicas incluidas en listas de sanciones internacionales al intentar acceder a servicios comerciales globales.

Análisis político

La estrategia política de Gustavo Petro se centra en victimizarse frente a lo que denomina una 'arbitrariedad política', buscando trasladar el debate de un plano técnico-regulatorio a uno de soberanía nacional y derechos civiles. Al comparar la acción de Avianca con la de entidades bancarias, el exmandatario intenta construir una narrativa de exclusión sistémica que busca movilizar a sus seguidores y cuestionar la legitimidad de las sanciones internacionales en el contexto colombiano. Por su parte, Avianca utiliza una estrategia de blindaje corporativo basada en el cumplimiento normativo estricto para evitar riesgos financieros y legales en Estados Unidos. Mientras Petro gana visibilidad al denunciar la supuesta arbitrariedad, la aerolínea logra desmarcarse de cualquier sesgo ideológico, protegiendo su operación internacional. El resultado es una polarización donde la narrativa de 'persecución' choca frontalmente con la de 'seguridad jurídica y cumplimiento global'.

La aerolínea Avianca canceló las reservas de vuelo del expresidente Gustavo Petro para un trayecto entre Bogotá y Ciudad de México, programado para el pasado 30 de agosto. La compañía notificó al exmandatario sobre esta decisión el 24 de agosto, argumentando que su nombre figura en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Avianca procedió a realizar el reembolso total del dinero pagado por los tiquetes, manteniendo vigentes las reservas de los otros pasajeros que acompañaban al exjefe de Estado. La empresa aclaró que esta medida no responde a criterios políticos ni a una decisión discrecional, sino al cumplimiento obligatorio de regulaciones internacionales. Debido a su estructura corporativa global, sus operaciones en rutas hacia Estados Unidos y el uso de sistemas financieros y tecnología norteamericanos, la aerolínea está sujeta a las sanciones de la OFAC. Según la compañía, prestar servicios a personas incluidas en dicho listado le impediría operar bajo las normas estadounidenses, exponiéndola a sanciones financieras y comerciales severas. El incidente fue expuesto inicialmente por el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, durante una entrevista con Petro, donde se sugirió que la cancelación fue una medida de último momento. Sin embargo, la aerolínea desmintió esta versión al publicar la comunicación enviada con antelación y descartar la tesis de un sobrecumplimiento normativo. Tras el inconveniente, el expresidente colombiano logró viajar a México utilizando los servicios de otra aerolínea internacional.

Análisis político

La estrategia de Avianca se centra en la despolitización del conflicto, blindándose jurídicamente mediante la exposición pública de sus protocolos de cumplimiento normativo. Al hacer explícita la carta enviada a Petro, la empresa busca evitar ser percibida como un actor político que toma partido, posicionándose en su lugar como una entidad corporativa global que prioriza la seguridad jurídica y la continuidad de sus operaciones en el mercado estadounidense. Esta narrativa técnica busca neutralizar cualquier acusación de censura o persecución ideológica. En este evento, el expresidente Petro pierde capacidad de movilidad y visibilidad al quedar expuesto a las consecuencias prácticas de las sanciones internacionales, lo que limita su proyección diplomática y personal. Por otro lado, la aerolínea gana legitimidad ante sus reguladores internacionales al demostrar un estricto apego a las normas de la OFAC, aunque asume el costo reputacional de ser señalada por el entorno del exmandatario. La construcción de narrativas es divergente: mientras Petro y sus aliados intentan presentar el hecho como una consecuencia de medidas unilaterales externas, la aerolínea lo enmarca como una consecuencia ineludible de la legalidad internacional.