El Gobierno Nacional activó un masivo dispositivo de seguridad con más de 408.000 uniformados de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para custodiar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Este despliegue busca proteger los 13.489 puestos de votación en todo el país, así como corredores viales y zonas estratégicas. Se implementaron medidas como el cierre temporal de fronteras terrestres y fluviales, y la ley seca en varias ciudades, incluyendo Bogotá, para prevenir alteraciones del orden público. Las autoridades han identificado 94 municipios como zonas de atención prioritaria, un aumento respecto a la primera vuelta, debido a la polarización y el riesgo de desinformación y confrontación política. Se reforzó la vigilancia en grandes centros urbanos como Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla. El ministro de Defensa reiteró el ofrecimiento de millonarias recompensas por información que permita prevenir delitos electorales, atentados terroristas o ataques contra candidatos. En departamentos como Valle del Cauca y Caldas, se desplegaron miles de uniformados para garantizar la normalidad en los puestos de votación y mesas. La gobernadora del Valle del Cauca hizo un llamado a la participación ciudadana y al respeto por la democracia, destacando la seguridad garantizada. La Misión de Observación Electoral ha reportado posibles irregularidades, principalmente relacionadas con constreñimiento al elector y desinformación.

Análisis político

Se observa una estrategia de control territorial y disuasión mediante un despliegue masivo de fuerza pública, complementada con medidas restrictivas como ley seca y cierre de fronteras. El aumento de municipios en mapa de riesgo electoral sugiere una percepción de mayor polarización y potencial de conflictividad, lo que lleva a un enfoque preventivo y de reacción rápida. La oferta de recompensas busca incentivar la colaboración ciudadana en la prevención de delitos electorales y actos violentos. El Gobierno y las Fuerzas Militares se posicionan como garantes de la seguridad y el orden, buscando generar confianza en el proceso electoral. Los candidatos y sus campañas, aunque no son actores directos en este despliegue, se benefician de un entorno más seguro, pero también enfrentan el riesgo de narrativas de fraude o deslegitimación si surgen incidentes. La Misión de Observación Electoral actúa como un contrapeso, señalando posibles irregularidades y construyendo una narrativa de vigilancia ciudadana y transparencia.