La Policía Nacional y expertos en ciberseguridad han emitido alertas ante el incremento de campañas fraudulentas que utilizan la tragedia del reciente terremoto de 7.4 grados para estafar a ciudadanos. Los delincuentes emplean técnicas de suplantación de identidad, utilizando nombres de organismos de socorro, líderes sociales y entidades públicas para solicitar dinero mediante enlaces falsos, códigos QR y cuentas bancarias personales. Esta modalidad aprovecha la urgencia y la solidaridad de la población para captar recursos de manera ilícita. El Centro Cibernético Policial reportó casos sofisticados, como la suplantación del director de Sanidad de la Policía Nacional para intentar comprometer recursos públicos mediante ofertas falsas de bienes y servicios. Los estafadores también recurren al hurto de cuentas de redes sociales y WhatsApp para enviar mensajes engañosos a contactos cercanos, buscando maximizar el alcance de sus fraudes. La desinformación y la presión por donar rápidamente son factores que facilitan el éxito de estas operaciones delictivas. Las autoridades recomiendan verificar siempre los canales oficiales de organizaciones reconocidas como la Cruz Roja, la Defensa Civil o la iniciativa 'Colombia, un solo corazón' antes de realizar cualquier aporte. Es fundamental confirmar el nombre del destinatario en las aplicaciones bancarias y evitar hacer clic en enlaces recibidos por mensajes directos. El CAI Virtual de la Policía ha habilitado la línea 323 273 3411 para recibir denuncias y asesorar a los ciudadanos sobre posibles intentos de estafa.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en la protección de la legitimidad institucional y la confianza pública en medio de una crisis humanitaria. Al centralizar la información sobre canales de donación oficiales, el Gobierno busca evitar que la desconfianza ciudadana, generada por el auge de estafas, termine afectando la percepción sobre la gestión de la emergencia y la capacidad de respuesta del Estado. En este escenario, el Estado y las organizaciones de socorro ganan al reafirmar su rol como únicos intermediarios confiables, mientras que los ciberdelincuentes pierden terreno si la ciudadanía adopta protocolos de verificación. La narrativa oficial se construye bajo la premisa de la 'solidaridad segura', contraponiendo la ética de la ayuda humanitaria frente a la criminalidad que busca capitalizar el dolor nacional para fines de lucro personal o corrupción.