La Registraduría Nacional del Estado Civil presentó el informe final del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), el cual concluyó que la segunda vuelta presidencial del 21 de junio contó con condiciones técnicas y operativas adecuadas. El organismo internacional realizó un análisis forense de los sistemas tecnológicos, evaluando diez componentes clave como el preconteo, el escrutinio y la gestión de formularios E-14. El dictamen técnico fue favorable y no identificó hallazgos de manipulación, alteración o fabricación sistemática de datos electorales. Este pronunciamiento responde directamente a las denuncias de fraude electoral formuladas por el presidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico tras los resultados que dieron la victoria a Abelardo de la Espriella. El mandatario había sostenido que el software electoral fue manipulado y que la Registraduría engañó a la ciudadanía, señalando específicamente a la empresa Thomas Greg & Sons. La auditoría, por el contrario, verificó la integridad, consistencia y trazabilidad de la información durante las etapas preelectoral, electoral y poselectoral. La evaluación técnica destaca que, ante las limitaciones operativas propias de una elección de gran escala, se aplicaron procedimientos alternativos que permitieron validar la confiabilidad del proceso. El informe subraya que los mecanismos de seguridad y control funcionaron correctamente para mitigar riesgos tecnológicos. Con esta conclusión, la autoridad electoral respalda la legitimidad de los resultados obtenidos en las urnas frente a los cuestionamientos políticos presentados por el oficialismo.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se ha centrado en sembrar dudas sobre la infraestructura tecnológica y la transparencia de los escrutinios para deslegitimar la victoria de la oposición, utilizando una narrativa de fraude cibernético sin presentar pruebas técnicas. Por su parte, la Registraduría utiliza la auditoría internacional como un escudo institucional para blindar la legitimidad del proceso electoral y neutralizar el discurso oficialista mediante evidencia técnica externa. En este escenario, la Registraduría y las instituciones electorales ganan legitimidad técnica al contar con un aval internacional que desmiente las acusaciones de manipulación. El presidente Petro y el Pacto Histórico pierden capacidad de maniobra política al quedar sus denuncias sin sustento probatorio, lo que debilita su narrativa de fraude ante la opinión pública y los organismos de control.