Un ataque armado ocurrido durante la madrugada del sábado en la intersección de Avenida Balmaceda con Domeyko, en La Serena, resultó en la muerte de un ciudadano venezolano de 34 años y dejó a otro de 32 años con lesiones de menor gravedad. Las víctimas fueron interceptadas por un vehículo mientras salían de un local comercial, recibiendo múltiples impactos balísticos. El sobreviviente fue trasladado al hospital local, donde recibió atención médica y fue dado de alta posteriormente. La investigación del caso fue asumida por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI). Las autoridades se encuentran realizando peritajes científicos, empadronamiento de testigos y el análisis de cámaras de seguridad municipales para identificar a los responsables. Hasta el momento, no se ha determinado el móvil del crimen, aunque se investiga la relación entre los involucrados y su situación migratoria. La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, anunció que el municipio solicitará formalmente a la delegación presidencial el cierre de los locales comerciales vinculados al incidente. Esta medida busca responder a la inseguridad en el sector, el cual forma parte del Plan Calles Sin Violencia. La autoridad comunal enfatizó la necesidad de una mayor presencia de las fuerzas de seguridad para prevenir la ocurrencia de estos hechos delictivos.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en la gestión de la crisis de seguridad mediante la presión administrativa sobre locales nocturnos, buscando una respuesta rápida ante la opinión pública. El municipio utiliza su capacidad de fiscalización para intentar mitigar la percepción de descontrol en el centro de la ciudad, alineándose con el discurso de exigencia de mayor presencia estatal en el marco del Plan Calles Sin Violencia. En este evento, el gobierno local gana visibilidad al tomar una postura activa frente a la delincuencia, mientras que la seguridad pública y la eficacia del plan gubernamental pierden credibilidad ante la persistencia de ataques armados. La narrativa se construye desde dos frentes: el Ministerio Público, que mantiene un enfoque técnico y cauteloso sobre el móvil del crimen, y el municipio, que busca capitalizar el descontento ciudadano mediante la clausura de establecimientos como medida de control territorial.