Mónica Lizeth Beltrán, una estudiante de 13 años, fue asesinada tras permanecer reclutada forzosamente por disidencias de las Farc desde el 2 de abril de 2026. La menor fue sustraída violentamente de su vivienda en el sector de Villas del Río, en Tibú, Norte de Santander, por hombres armados identificados preliminarmente como integrantes del Frente 33. Su padre, Ramón Darío Beltrán, confirmó el deceso el 20 de septiembre tras recibir llamadas anónimas que ratificaron la muerte de la niña como represalia por un intento de fuga. Durante los seis meses de cautiverio, la familia intentó gestionar su liberación mediante el apoyo de la Junta de Acción Comunal, la Defensoría del Pueblo, la Personería y la Iglesia Católica, sin obtener resultados positivos. El caso ha generado una profunda indignación social y ha puesto de relieve la persistencia del reclutamiento infantil en el Catatumbo, donde se han reportado otros casos recientes de menores que lograron escapar de las filas armadas. Actualmente, la familia enfrenta dificultades económicas para cubrir los gastos funerarios de la menor. Organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos han cuestionado la respuesta institucional ante la crisis de seguridad que afecta a la infancia en la región. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, entre enero y agosto de 2026 se registraron 113 casos de reclutamiento forzado en el país, con Norte de Santander como uno de los departamentos más afectados. La falta de garantías de protección y la impunidad en estos crímenes continúan siendo los puntos centrales de las denuncias de las asociaciones de víctimas.

Análisis político

El evento evidencia una estrategia de control territorial basada en el terror y la instrumentalización de menores, donde los grupos armados utilizan el reclutamiento como herramienta de dominación y retaliación. La narrativa de los actores armados busca imponer silencio mediante la intimidación a las familias, mientras que las organizaciones de víctimas construyen un relato de abandono estatal y crisis humanitaria, exponiendo la ineficacia de los mecanismos de protección vigentes. En este escenario, el Estado pierde legitimidad al no poder garantizar la seguridad básica en zonas rurales, mientras que los grupos armados consolidan su poder coercitivo sobre la población civil. La tragedia de la familia Beltrán se convierte en un símbolo de la vulnerabilidad ciudadana, donde el costo político recae sobre la administración actual, incapaz de frenar el reclutamiento forzado, mientras que las disidencias fortalecen su narrativa de control absoluto sobre el territorio del Catatumbo.