La revelación de 56 decretos firmados por el Ministerio de Justicia, que redujeron penas a condenados por delitos sexuales contra menores, provocó una crisis política en el oficialismo. El exministro Hernán Larraín cuestionó los argumentos del actual titular de Justicia, Fernando Rabat, señalando que la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema no obligaba a otorgar dichos beneficios. Esta intervención generó una respuesta hostil del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien vinculó a Larraín con el pasado de Colonia Dignidad y Paul Schäfer. La arremetida de Squella fue calificada como injuriosa por dirigentes de la UDI y Evópoli, quienes advirtieron que este tipo de enfrentamientos públicos debilitan la gestión del presidente José Antonio Kast. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, exigió prudencia y unidad para evitar que la coalición pierda fuerza frente a la oposición. La controversia escaló hasta poner en duda la cohesión del bloque oficialista en un momento de alta sensibilidad pública por la naturaleza de los delitos involucrados. Ante la presión de sus socios, Arturo Squella se comunicó con Guillermo Ramírez y Hernán Larraín para ofrecer disculpas públicas por sus declaraciones, admitiendo que su respuesta fue desproporcionada. Larraín aceptó las disculpas, permitiendo que el presidente de la UDI diera por cerrado el conflicto. Pese a este control de daños, la oposición ya prepara una acusación constitucional contra el ministro Rabat, manteniendo al Gobierno en una posición de vulnerabilidad política.

Análisis político

La estrategia observada revela una profunda desconfianza entre el Partido Republicano y Chile Vamos, donde el primero busca diferenciarse mediante una retórica agresiva y confrontacional, mientras que el segundo intenta mantener la disciplina de coalición para proteger la estabilidad del Ejecutivo. El uso de ataques personales sobre el pasado de figuras históricas, como el caso de Colonia Dignidad, funciona como una herramienta para deslegitimar críticas técnicas, aunque en esta ocasión resultó contraproducente al generar un aislamiento político del timonel republicano frente a sus aliados. En este evento, el principal perdedor es el Gobierno de José Antonio Kast, cuya imagen se ve afectada tanto por el contenido de los decretos como por la incapacidad de sus partidos para gestionar las diferencias internamente. La UDI logra capitalizar el conflicto al posicionarse como un actor responsable que prioriza la unidad, mientras que el Partido Republicano pierde capital político al verse obligado a retractarse, evidenciando que la construcción de narrativas basadas en la confrontación directa puede fracturar la base de apoyo necesaria para la gobernabilidad.