Arturo Squella atribuye caída en encuestas de Kast a campaña opositora contra ministro Rabat
Resumen
El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, defendió la permanencia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, en el gabinete tras las críticas por la rebaja de condenas a delincuentes sexuales. El senador calificó las presiones opositoras y la acusación constitucional como una campaña injusta contra el Gobierno, argumentando que los hechos cuestionados son responsabilidad del Estado y no del secretario de Estado. Esta postura surge en un contexto de desplome en la aprobación del presidente José Antonio Kast, quien alcanzó un 18% en la encuesta Criteria y un 27% en Cadem.
Squella reconoció que existió un error político en la gestión de la controversia, señalando que el ministro debió comunicar los hechos y presentar un proyecto de ley con mayor antelación. Pese a esta admisión, el parlamentario insistió en que el Ejecutivo debe fortalecer la institucionalidad en lugar de ceder ante lo que denominó el camino fácil de la política tradicional. La defensa del oficialismo busca contener el desgaste provocado por la alta desaprobación ciudadana, que en el caso de Rabat llega al 79% según los sondeos.
La estrategia del Partido Republicano se centra en deslegitimar la acusación constitucional, calificándola como un enredo jurídico sin sustento técnico. Squella enfatizó que el oficialismo ha logrado un punto de inflexión en su coordinación interna para enfrentar los ataques de la oposición. La permanencia de Rabat sigue siendo el punto de mayor tensión política, mientras el Gobierno intenta revertir la percepción pública sobre su manejo de la justicia.
Análisis Político
La estrategia del oficialismo se basa en la victimización ante una supuesta ofensiva opositora, buscando cerrar filas para evitar la salida de un ministro clave y frenar el efecto dominó en la aprobación presidencial. Al enmarcar la crisis como una 'campaña miserable' de la oposición, el Partido Republicano intenta trasladar el costo político del error de gestión hacia una narrativa de defensa institucional, evitando que el debate se centre exclusivamente en la ineficiencia administrativa.
En este escenario, el Gobierno pierde capital político al quedar expuesto por la baja en las encuestas y la desaprobación ciudadana, mientras que la oposición gana terreno al capitalizar el descontento social mediante la acusación constitucional. La narrativa se construye bajo una polarización marcada: el oficialismo apela a la lealtad y la defensa de la institucionalidad, mientras que la oposición utiliza el caso para cuestionar la competencia del Ejecutivo y desgastar la figura del mandatario.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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