La aprobación del Presidente José Antonio Kast descendió al 27%, alcanzando su nivel más bajo desde el inicio de su mandato en marzo de 2026. Paralelamente, la desaprobación de su gestión escaló al 64%, reflejando un deterioro sostenido en la confianza pública hacia el Ejecutivo. Este escenario se ve agravado por una percepción mayoritariamente negativa sobre el futuro del país y la economía para el año 2027. El descontento ciudadano se vincula directamente con la gestión de emergencias climáticas recientes, donde el Gobierno fue calificado negativamente por el 58% de los encuestados. Además, existe una fuerte resistencia social frente a los decretos de rebaja de penas para condenados por delitos graves y militares con enfermedades terminales. Las instituciones mejor valoradas por la población, en contraste con el Ejecutivo, son las Fuerzas Armadas, Carabineros y las municipalidades. Dentro del gabinete, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se posiciona como la figura peor evaluada, enfrentando críticas por el manejo económico y el alza de combustibles. Mientras tanto, ministras como May Chomalí y Catalina Parot mantienen los niveles más altos de aprobación positiva. La ciudadanía manifiesta una baja confianza en la capacidad del Gobierno para revertir el rumbo actual, con una mayoría que exige ajustes ministeriales.

Análisis político

La estrategia política del Ejecutivo se encuentra bajo presión debido a una desconexión entre las medidas de ajuste fiscal y las expectativas ciudadanas, lo que ha erosionado su base de apoyo inicial. El Gobierno intenta mantener el control mediante decretos y gestión de beneficios penitenciarios, pero estas acciones han generado un costo político alto, especialmente al ser rechazadas por sectores transversales de la opinión pública. El gran perdedor es el Presidente Kast y su equipo económico, quienes ven cómo el pesimismo sobre el futuro del país se consolida como una narrativa dominante. Por otro lado, las instituciones uniformadas y los gobiernos locales ganan terreno en la valoración ciudadana, construyendo una narrativa de eficiencia frente a la ineficacia percibida del nivel central. La oposición y la ciudadanía utilizan estos datos para presionar por un cambio de gabinete, convirtiendo la evaluación de los ministros en el principal termómetro de la crisis de gobernabilidad.