La Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para investigar al expresidente Gustavo Petro por el denominado Pacto de Valledupar. Este caso se centra en reuniones ocurridas en octubre de 2025 entre funcionarios del gobierno de entonces y exjefes paramilitares, en las que presuntamente se habría buscado instrumentalizar a los excombatientes para declarar contra figuras políticas como Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras y Abelardo de la Espriella. La investigación busca determinar si existió una orden directa desde la Presidencia para fabricar testimonios con fines electorales. Los excomandantes de las AUC emitieron un comunicado público desmintiendo la autenticidad de un documento que circuló en medios sobre estos acuerdos, aunque reconocieron la existencia de un comunicado conjunto oficial firmado el 24 de octubre de 2025. En su pronunciamiento, los exjefes paramilitares rechazaron cualquier intento de instrumentalización política del proceso de paz de Ralito y solicitaron una rectificación pública sobre las versiones que les atribuyen compromisos no consignados en el texto oficial. Por su parte, Salvatore Mancuso ha señalado que delegados del gobierno solicitaron declaraciones contra los dirigentes mencionados, aunque aclaró que Petro nunca le hizo esa petición directamente. El expresidente Petro ha negado categóricamente haber impartido instrucciones para presionar a los exparamilitares y ha emprendido acciones legales contra Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, y Salvatore Mancuso. La defensa de Petro sostiene que no existió tal montaje y ha solicitado que se investiguen las denuncias por corrupción y otras irregularidades atribuidas a la gestión de Rodríguez. Mientras tanto, la Procuraduría avanza en indagaciones disciplinarias contra funcionarios involucrados, mientras la Comisión de Acusación deberá decidir si abre una investigación formal contra el exmandatario.

Análisis político

El evento revela una estrategia de confrontación política donde la verdad judicial se convierte en un campo de batalla narrativo. El uso de la figura de 'gestores de paz' es instrumentalizado por ambos bandos: mientras el gobierno de entonces buscaba supuestamente consolidar una narrativa de persecución contra sus opositores mediante testimonios de exparamilitares, la oposición y los entes de control utilizan las denuncias de estos mismos actores para cuestionar la legitimidad y legalidad de la administración Petro. Se observa una táctica de 'guerra de documentos' donde la autenticidad de las actas oficiales es disputada para validar o deslegitimar las acusaciones de entrampamiento. En este escenario, el mayor perdedor es la institucionalidad del proceso de paz, cuya credibilidad se ve erosionada por las sospechas de manipulación política. El expresidente Petro pierde capital político al quedar bajo la lupa de la Comisión de Acusación, lo que alimenta la narrativa de sus críticos sobre una supuesta captura del Estado para fines personales. Por otro lado, los exparamilitares intentan posicionarse como actores que buscan seguridad jurídica, distanciándose de las acusaciones de ser piezas de un ajedrez electoral, aunque su participación en el debate público los mantiene en el centro de la polarización nacional.

La exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, ratificó ante la Fiscalía sus denuncias sobre un supuesto plan orquestado desde la administración del expresidente Gustavo Petro, conocido como el 'Pacto de Valledupar'. Según Rodríguez, el objetivo de dicho plan era presionar a exjefes paramilitares para que vincularan falsamente a figuras políticas como Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras y el actual presidente Abelardo De La Espriella con actividades criminales. La exfuncionaria también denunció haber sido víctima de maltrato, amenazas y presiones por parte del exmandatario durante su gestión. En respuesta a estas acusaciones, la defensa de Gustavo Petro, liderada por el abogado Alejandro Carranza, presentó denuncias ante la Fiscalía contra Rodríguez y el exparamilitar Salvatore Mancuso por injuria, calumnia y otros delitos. El equipo legal del expresidente sostiene que nunca existió una orden para realizar montajes judiciales o entrampamientos contra la oposición. Asimismo, solicitaron que se investiguen presuntas irregularidades administrativas y de corrupción ocurridas en el Dapre bajo la dirección de Rodríguez. Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra Rodríguez y el exministro Armando Benedetti para esclarecer su participación en los encuentros de Valledupar. Ante el riesgo que asegura enfrentar, Rodríguez anunció que no concederá más entrevistas y agradeció el apoyo en seguridad brindado por el actual gobierno. La exfuncionaria insiste en que sus revelaciones responden a un deber de conciencia, a pesar de las consecuencias legales y personales que ha enfrentado.

Análisis político

El evento evidencia una estrategia de confrontación judicial donde ambas partes buscan deslegitimar al oponente mediante la apertura de investigaciones formales. Mientras Rodríguez utiliza la narrativa de la 'víctima de un sistema autoritario' para ganar credibilidad pública y protección institucional, la defensa de Petro emplea la táctica de la 'denuncia por injuria' para invalidar los testimonios, calificándolos como invenciones sin pruebas y señalando posibles actos de corrupción de la exfuncionaria para desviar la atención. En este escenario, el mayor perdedor es la estabilidad institucional, ya que el debate político se ha trasladado completamente al terreno de la Fiscalía y la Procuraduría, profundizando la polarización. Petro busca proteger su legado político y evitar que las acusaciones de 'entrampamiento' se consoliden como una verdad judicial, mientras que Rodríguez, al retirarse de la esfera pública, intenta blindarse ante posibles represalias, dejando que el conflicto se dirima en los estrados judiciales bajo una alta presión mediática.

La bancada de Salvación Nacional presentó una denuncia formal ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra el expresidente Gustavo Petro. La acción busca esclarecer si el exmandatario ordenó el uso de encuentros institucionales con exjefes paramilitares en Valledupar para instrumentalizar testimonios contra líderes políticos. Los denunciantes señalan que el objetivo habría sido afectar a figuras como Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras con fines electorales. Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exministro del Interior, Armando Benedetti, y la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez. El Ministerio Público indaga sobre los supuestos ofrecimientos realizados a excomandantes de las AUC para que vincularan a los mencionados dirigentes con actividades delictivas. La investigación incluye la recolección de pruebas documentales, registros de reuniones y testimonios de exfuncionarios clave de la administración anterior. El expresidente Gustavo Petro ha negado las acusaciones y sostiene que las reuniones tenían como propósito oficial cerrar el proceso de Ralito y avanzar en la justicia restaurativa. Por su parte, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y la exfuncionaria Angie Rodríguez han señalado que existieron presiones para emitir declaraciones falsas, aunque las versiones sobre el origen de los encuentros presentan discrepancias. La justicia deberá determinar ahora la veracidad de estos hechos y las posibles responsabilidades penales y disciplinarias.

Análisis político

El evento evidencia una estrategia de judicialización de la política donde los espacios de paz y reconciliación son señalados como plataformas para la persecución de adversarios. La oposición utiliza las denuncias para cuestionar la legitimidad de las políticas de paz del gobierno anterior, mientras que el sector petrista intenta desmarcarse presentando los encuentros como gestiones institucionales legítimas. Esta confrontación busca erosionar el capital político del expresidente Petro mediante la vinculación de su gestión con prácticas de manipulación judicial. En este escenario, los sectores de derecha y el actual gobierno ganan terreno al posicionar el caso como un escándalo de corrupción institucional, mientras que el expresidente Petro pierde capacidad de maniobra al verse obligado a defenderse en múltiples frentes judiciales. La construcción de narrativas es divergente: mientras unos denuncian un 'montaje' electoral, otros defienden la integridad de las instituciones frente a lo que denominan una instrumentalización del Estado para fines partidistas.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación investigar denuncias sobre reuniones ocurridas en 2025, conocidas como el 'Pacto de Valledupar'. Según testimonios de la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, y del abogado Juan Carlos Villamizar, funcionarios del gobierno anterior habrían intentado presionar a exjefes paramilitares para que declararan contra Álvaro Uribe Vélez, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras. La solicitud busca esclarecer si se ofrecieron beneficios judiciales indebidos a cambio de testimonios falsos. Salvatore Mancuso, excomandante de las AUC, confirmó que delegados del Ejecutivo, incluyendo a Rodríguez y al entonces asesor Víctor de Currea-Lugo, plantearon la exigencia durante encuentros destinados originalmente a cerrar el proceso de Ralito. Mancuso y otros exjefes paramilitares rechazaron la propuesta, por lo que no se concretó ninguna declaración pública ni pacto. El exjefe paramilitar enfatizó que el entonces presidente Gustavo Petro nunca le realizó dicha petición directamente, dejando la responsabilidad de las instrucciones en manos de los funcionarios mencionados. El Centro Democrático calificó los hechos como una grave instrumentalización del Estado para la persecución política y exigió celeridad en las investigaciones. Por su parte, el Ministerio de Justicia subrayó la necesidad de verificar si se utilizaron recursos públicos o mecanismos de justicia transicional con fines ilegales. La Fiscalía deberá determinar ahora si los hechos constituyen delitos como falso testimonio, soborno o fraude procesal, además de resolver las discrepancias sobre las fechas exactas de los encuentros.

Análisis político

El evento revela una estrategia de instrumentalización de la justicia transicional con fines electorales, donde se buscaba convertir a actores del conflicto armado en piezas clave para la deslegitimación de opositores políticos. La narrativa construida por los denunciantes posiciona al gobierno anterior como un actor que intentó manipular la verdad judicial para obtener réditos políticos, mientras que los exparamilitares se presentan a sí mismos como sujetos que rechazaron una oferta corrupta, intentando así limpiar su imagen pública y distanciarse de una posible complicidad en un entramado de falsos testimonios. En este escenario, el Centro Democrático capitaliza el evento para reforzar su discurso de persecución política, consolidando su base electoral al presentarse como víctima de un aparato estatal corrupto. Por el contrario, el gobierno de Gustavo Petro enfrenta un desgaste significativo al verse vinculado a una supuesta red de sobornos y presiones, lo que debilita su legitimidad en la gestión de los procesos de paz. La pérdida de credibilidad en las instituciones encargadas de la justicia transicional es el mayor costo político, afectando la confianza ciudadana en la veracidad de los testimonios obtenidos en el marco de la paz total.