Un velorio simbólico en la población Parinacota de Quilicura derivó en una noche de balaceras, fuegos artificiales y la quema de un vehículo. La ceremonia fue organizada por cercanos a un joven de 20 años asesinado el 12 de septiembre, cuyo funeral oficial ya había sido catalogado como de alto riesgo. A pesar de la proximidad de una comisaría, los incidentes ocurrieron sin que las autoridades lograran detener a los responsables en el momento. La alcaldesa Paulina Bobadilla calificó la jornada como aterradora y denunció que proyectiles impactaron viviendas, poniendo en riesgo a familias. La autoridad comunal emplazó al Gobierno a abandonar la gobernanza por decreto y exigió un copamiento policial efectivo, sugiriendo incluso el apoyo de militares ante la falta de contingente. Bobadilla enfatizó que las herramientas actuales son insuficientes frente al poder de fuego de las bandas criminales. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, descartó fallas en la planificación policial y argumentó que el evento no era previsible, dado que el cuerpo de la víctima aún permanecía en el Servicio Médico Legal. El secretario de Estado sostuvo que, de haber tenido antecedentes sobre la magnitud de la convocatoria, se habrían tomado medidas preventivas. Actualmente, un joven de 19 años se encuentra en prisión preventiva por el homicidio que originó la serie de incidentes.

Análisis político

La estrategia política observada refleja una tensión creciente entre la gestión municipal y el Ejecutivo respecto a la eficacia de las leyes de seguridad. Mientras la alcaldesa busca capitalizar el descontento ciudadano mediante una narrativa de urgencia y abandono territorial, el Gobierno intenta contener el costo político apelando a la falta de información técnica y a la limitación de los protocolos vigentes. Esta dinámica evidencia una disputa por la responsabilidad en el control del orden público, donde el municipio exige medidas de fuerza como el despliegue militar, mientras el nivel central se escuda en la legalidad procedimental. En este escenario, los vecinos de Quilicura resultan los principales perdedores al quedar expuestos a la violencia armada, mientras que las bandas criminales logran imponer su narrativa de control territorial mediante la impunidad. La construcción de relatos es divergente: la autoridad local posiciona al Gobierno como un actor ineficiente que pierde tiempo en reglamentos, mientras que el Ejecutivo intenta desmarcarse de la crisis argumentando que se trata de eventos imprevisibles, evitando así asumir el fracaso de la estrategia de seguridad en los barrios críticos.