El Presidente José Antonio Kast convocó a cerca de 70 alcaldes de las regiones de Valparaíso, O’Higgins y Metropolitana al Palacio de La Moneda para presentar la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Esta iniciativa gubernamental incluye una reforma constitucional que consagra la seguridad como un deber del Estado y propone un nuevo estado de excepción, además de medidas para el control de organizaciones criminales. El Ejecutivo destacó la instancia como un espacio de diálogo necesario para coordinar el trabajo entre el Gobierno central y los municipios en el combate contra el delito. La jornada estuvo marcada por el retiro anticipado de varios jefes comunales de oposición, entre ellos los de Maipú, Puente Alto y Quinta Normal. Los alcaldes disidentes argumentaron su salida debido a la partida del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, antes de finalizar la sesión, y expresaron su descontento con el formato del encuentro. Según los ediles, la reunión no permitió un debate profundo sobre las propuestas, calificando la instancia como un ejercicio de comunicación política más que de construcción de acuerdos sustantivos. Desde el oficialismo, el subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, defendió la convocatoria asegurando que no hubo distinciones políticas y que se escucharon diversas posturas. Mientras algunos alcaldes oficialistas valoraron la oportunidad de coordinar acciones concretas, los representantes opositores manifestaron dudas sobre puntos específicos, como la ley antibarricadas y la falta de un enfoque preventivo integral. La tensión refleja las dificultades para alcanzar consensos transversales en una materia que el Gobierno ha definido como su prioridad legislativa para el segundo semestre.

Análisis político

La estrategia del Ejecutivo busca consolidar la seguridad como el eje central de su gestión, utilizando la legitimidad territorial de los alcaldes para validar una agenda legislativa ambiciosa. Al convocar a una audiencia masiva, el Gobierno intenta proyectar una imagen de unidad nacional frente al crimen organizado, intentando neutralizar las críticas de la oposición mediante la exposición directa de sus proyectos. Sin embargo, la salida de los alcaldes opositores evidencia una fractura en la narrativa de 'Estado de unidad', donde la oposición busca evitar ser instrumentalizada en una agenda que consideran carente de profundidad técnica y excesivamente centrada en el endurecimiento punitivo. En este escenario, el Gobierno gana al mantener el control de la agenda pública y la iniciativa legislativa, pero pierde al no lograr un consenso que blinde sus reformas ante futuras críticas de ineficacia. Por su parte, la oposición construye una narrativa de 'decepción' y 'falta de escucha', posicionándose como un actor que exige seriedad técnica frente a lo que denominan propaganda política. Esta dinámica refuerza la polarización, donde el éxito de la política de seguridad queda supeditado a la capacidad de las partes para transitar desde el conflicto simbólico hacia acuerdos prácticos en el Congreso.