Acueducto de Bogotá inicia renovación obligatoria de 319.000 medidores de agua
Resumen
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) puso en marcha un plan de modernización tecnológica que contempla el reemplazo de 319.000 medidores de agua en la capital. La gerente de la entidad, Natasha Avendaño, explicó que la medida responde a la obsolescencia del 82,7% de los equipos actuales, los cuales presentan fallas en la precisión de la medición y la facturación. El proceso inició con un piloto de 11.000 instalaciones en las localidades de Usaquén, Chapinero y Suba.
El cambio es de carácter obligatorio para los usuarios notificados por la empresa, fundamentado en el artículo 144 de la Ley 142 de 1994. Los propietarios deberán asumir el costo del nuevo dispositivo, el cual varía según el tipo de tecnología y el diámetro de la instalación, con precios que oscilan entre los 130.000 y más de 600.000 pesos. La EAAB habilitó opciones de financiación de hasta 36 meses a través de la factura del servicio para mitigar el impacto económico en los hogares.
La entidad aclaró que el proceso será gradual y organizado, descartando intervenciones masivas e imprevistas. Además de la renovación domiciliaria, se implementará un programa piloto para medidores totalizadores en conjuntos residenciales, los cuales permitirán detectar fugas en zonas comunes sin costo para los usuarios. La empresa instó a la ciudadanía a verificar la identidad de los técnicos a través de sus canales oficiales para evitar posibles fraudes.
Análisis Político
La estrategia política detrás de esta medida se centra en la tecnificación de la infraestructura pública bajo un discurso de eficiencia administrativa y gestión responsable del recurso hídrico. Al invocar el marco legal vigente, la administración busca blindar la obligatoriedad del cobro frente a posibles críticas ciudadanas, trasladando la responsabilidad del mantenimiento a los usuarios bajo el argumento de la propiedad privada del medidor.
El costo político recae sobre la administración distrital, que debe gestionar el descontento social derivado de un gasto imprevisto para los hogares, especialmente en estratos bajos. Por otro lado, la entidad gana en capacidad de recaudo y control técnico, al reducir las pérdidas de agua no contabilizada y optimizar la facturación. La narrativa oficial se construye desde la modernización necesaria, mientras que los usuarios perciben el evento como una carga económica adicional en un contexto de ajuste de tarifas.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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