La Procuraduría General de la Nación citó a declarar bajo juramento a Eva Ferrer y a otros cinco exfuncionarios, incluyendo a la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, y al exembajador Guillermo Reyes. Esta medida responde a las graves acusaciones hechas por Ferrer sobre presuntos actos de corrupción, tráfico de drogas y armas, y el transporte de dinero ilícito en aviones oficiales durante el gobierno de Gustavo Petro. La entidad también ordenó inspecciones en el Dapre y la Fuerza Aeroespacial Colombiana para verificar los registros de vuelos realizados por la ex primera dama. Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación programó una nueva citación para Eva Ferrer, tras sus inasistencias a dos diligencias previas. El ente investigador busca profundizar en los señalamientos que vinculan a Verónica Alcocer y a su círculo cercano con una supuesta red criminal. La Fiscalía mantiene una indagación abierta desde agosto, la cual se nutre ahora con las recientes declaraciones públicas de la exconsejera presidencial. El entorno político reaccionó con posturas divididas ante la falta de pruebas materiales presentadas por Ferrer. Mientras sectores de oposición exigen celeridad en las investigaciones para esclarecer posibles desfalcos al erario, figuras como el senador Agmeth Escaf han negado categóricamente las acusaciones, calificándolas como una campaña de desprestigio. Por su parte, el expresidente Gustavo Petro anunció acciones legales contra los responsables de la difusión de estas denuncias, defendiendo la integridad de su familia y del personal de la Fuerza Aérea.

Análisis político

Se observa una estrategia de judicialización intensa donde las denuncias mediáticas actúan como detonante para la activación de los órganos de control. La narrativa de la oposición se construye sobre la presunción de una estructura criminal organizada en la Casa de Nariño, mientras que el sector del expresidente Petro intenta deslegitimar los testimonios al señalar que se basan en rumores de terceros y no en pruebas documentales, buscando proteger su capital político ante la opinión pública. En este escenario, el mayor riesgo político lo asume el entorno de Verónica Alcocer, cuya reputación queda bajo escrutinio judicial, lo que podría desgastar la imagen del progresismo de cara a futuros procesos electorales. Por otro lado, la oposición gana terreno al mantener el foco en presuntas irregularidades del gobierno anterior, obligando a las instituciones a investigar y manteniendo el tema en la agenda pública, aunque la falta de pruebas contundentes podría revertir el efecto si las investigaciones no arrojan resultados concretos.

El expresidente Gustavo Petro anunció acciones penales contra el propietario de la revista Semana y la exconsejera Eva Ferrer, tras la publicación de graves acusaciones contra la ex primera dama, Verónica Alcocer. Ferrer señaló a Alcocer de liderar una red dedicada al tráfico de drogas, armas y dinero en aeronaves oficiales durante el gobierno anterior, basándose en testimonios de terceros. Petro calificó estas declaraciones como una calumnia y una canallada, asegurando que sus hijas también emprenderán acciones legales por el daño causado a su honra. Las denuncias se vieron reforzadas por el testimonio de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, quien confirmó haber sido víctima de agresiones físicas y verbales por parte de Alcocer en la Casa de Nariño. Rodríguez relató un episodio ocurrido en febrero de 2025, donde presenció una supuesta agresión de la ex primera dama contra el entonces presidente Petro, ante la cual el personal de seguridad se negó a intervenir. Estas declaraciones han generado un fuerte debate sobre el manejo de la seguridad presidencial y el uso de recursos públicos durante la administración pasada. El actual presidente, Abelardo de la Espriella, ordenó una investigación exhaustiva a las autoridades competentes, incluyendo la Fiscalía y la Corte Suprema, para esclarecer los hechos denunciados. Petro, por su parte, denunció una persecución política contra los oficiales de la Fuerza Pública que custodiaron a su familia, sugiriendo que el gobierno actual busca intimidarlos. La situación ha escalado a un enfrentamiento judicial y mediático que involucra a exfuncionarios, empresarios y altas esferas del poder político.

Análisis político

La estrategia de Petro se centra en la victimización y la deslegitimación de la fuente, utilizando el ataque judicial como mecanismo de defensa para proteger su capital político y el de su familia. Al calificar las denuncias como una 'canallada' y señalar intereses económicos detrás de los testimonios, busca trasladar el foco de la corrupción hacia una supuesta persecución orquestada por el actual gobierno y medios de comunicación. Esta narrativa le permite mantener la cohesión de su base electoral al presentarse como un perseguido político. Por otro lado, el gobierno de De la Espriella y los sectores críticos aprovechan estas revelaciones para erosionar la imagen del Pacto Histórico, vinculando a la administración anterior con prácticas delictivas y abusos de poder. Quien pierde en este escenario es la credibilidad institucional, ya que el debate se desplaza de la gestión pública hacia escándalos personales y acusaciones de violencia. La construcción de narrativas opuestas, donde unos denuncian una 'mafia' y otros una 'persecución', profundiza la polarización política en el país.

La exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, confirmó las denuncias de la exconsejera Eva Ferrer sobre presuntos episodios de violencia física y psicológica ejercidos por la exprimera dama Verónica Alcocer. Rodríguez relató que, en dos ocasiones, Alcocer intentó agredirla físicamente en la Casa de Nariño y la insultó con términos denigrantes frente a testigos, incluyendo a la entonces ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Según la exfuncionaria, estos incidentes ocurrieron tras su nombramiento en el Dapre, cargo que habría generado el rechazo de Alcocer por sus intenciones de controlar la contratación y la agenda presidencial. Las declaraciones de Rodríguez se suman a los señalamientos de Ferrer, quien vinculó a Alcocer con una red de presunta corrupción, tráfico de drogas y armas, y movimientos irregulares de dinero desde Venezuela. Ferrer describió a la exprimera dama como la cabeza de un grupo que habría ejercido control sobre entidades estatales como el ICBF, ProColombia y Ecopetrol, utilizando aeronaves oficiales para actividades ilícitas. Rodríguez respaldó esta visión al denunciar la existencia de un supuesto pacto de silencio entre Alcocer y el expresidente Gustavo Petro, donde ambos se habrían beneficiado mutuamente de acciones irregulares para mantener su imagen pública. Ante la gravedad de las acusaciones, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó a la Fuerza Aérea Colombiana iniciar una investigación exhaustiva sobre el uso de aeronaves oficiales en los hechos denunciados. Asimismo, el mandatario solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades de Estados Unidos que asuman las investigaciones correspondientes. Por su parte, el senador Agmeth Escaf, también señalado por Ferrer, anunció acciones legales por injuria y calumnia, mientras que Alcocer y Petro no han emitido pronunciamientos oficiales sobre los señalamientos.

Análisis político

El evento revela una estrategia de deslegitimación del círculo cercano al expresidente Petro mediante la exposición de testimonios internos que fracturan la narrativa de integridad del gobierno anterior. Al conectar denuncias de violencia personal con delitos de corrupción sistémica, las denunciantes construyen un relato de 'mafia' que busca invalidar el capital político del petrismo, transformando una disputa administrativa en un caso de orden público y justicia penal. En este escenario, el gobierno actual gana legitimidad al posicionarse como un ente fiscalizador que ordena investigaciones institucionales, mientras que el entorno de Alcocer y Petro pierde capacidad de maniobra al quedar confinado a una postura defensiva. La construcción de narrativas es divergente: mientras los denunciantes apelan a la transparencia y la legalidad, los señalados intentan reducir las acusaciones a venganzas personales y persecución política, buscando desviar la atención de las pruebas documentales o testimoniales que puedan surgir en las investigaciones oficiales.

La exconsejera presidencial Eva Ferrer denunció ante la opinión pública que la exprimera dama, Verónica Alcocer, habría encabezado una estructura dedicada al tráfico de drogas, armas y lavado de activos. Según el testimonio de Ferrer, Alcocer utilizó aviones oficiales para realizar viajes a Venezuela, desde donde presuntamente ingresaron 2,5 millones de dólares en efectivo para financiar campañas políticas. La exfuncionaria afirmó que el entorno de la exprimera dama, incluyendo a empresarios y familiares, operaba bajo una lógica de intereses económicos personales y presiones burocráticas. Las declaraciones involucran a figuras como el senador Agmeth Escaf y el primo de la exprimera dama, Mario Fernández Alcocer, a quienes Ferrer señaló de ejercer influencia indebida en entidades estatales como el ICBF y ProColombia. La exconsejera también vinculó al expresidente Gustavo Petro con esta estrategia, sugiriendo que el mandatario se benefició del apoyo logístico y electoral proporcionado por dicho círculo. Ferrer aseguró que decidió revelar estos hechos tras recibir amenazas contra su vida, por lo cual solicitó protección a las autoridades competentes. El senador Agmeth Escaf rechazó categóricamente las acusaciones, calificándolas de calumnias y anunciando acciones legales por injuria contra Ferrer. Por su parte, el vicepresidente de la Cámara, Simón Molina, solicitó formalmente a las autoridades nacionales e internacionales que inicien investigaciones de oficio sobre los presuntos delitos denunciados. Hasta el momento, las afirmaciones de la exconsejera se mantienen como testimonios sin pruebas documentales públicas que las respalden ante la justicia.

Análisis político

El evento evidencia una estrategia de ruptura total por parte de una excolaboradora del círculo íntimo del gobierno anterior, quien utiliza la denuncia pública como mecanismo de autoprotección y deslegitimación de la administración saliente. Al situar a Verónica Alcocer como el eje central de una 'mafia' y al expresidente Petro como un beneficiario cómplice, Ferrer busca transformar una crisis de seguridad personal en un escándalo de corrupción sistémica que erosiona el capital político del Pacto Histórico. En este escenario, el gran perdedor es el entorno político de la ex primera dama, cuya reputación queda bajo escrutinio judicial y mediático, mientras que sectores de la oposición ganan terreno al capitalizar las denuncias para exigir investigaciones internacionales. La narrativa se construye mediante la contraposición entre la versión de una 'testigo protegida' que alega riesgos de muerte y la defensa de los señalados, quienes intentan reducir las acusaciones a una vendetta personal carente de sustento probatorio.