YPFB promete normalizar suministro de gasolina en tres días ante crisis de combustibles
Resumen
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, anunció que las filas en las estaciones de servicio para adquirir gasolina desaparecerán en un plazo de dos a tres días. Esta declaración surge tras una reunión con autoridades y sectores cívicos de Santa Cruz, donde se abordó la preocupación por el desabastecimiento. La estatal petrolera asegura que actualmente se despachan volúmenes equivalentes al 100% de la demanda nacional.
La situación del diésel presenta un panorama más complejo debido a la persistencia de actividades de especulación y contrabando, según explicó el ejecutivo. Para mitigar este problema, el Gobierno implementó el Decreto Supremo 5676, que establece un precio diferenciado de 18 bolivianos por litro para grandes consumidores. Esta medida busca reducir los incentivos para el desvío de combustible hacia el mercado negro y estabilizar el suministro interno.
Daroca reveló que YPFB recibe desde hace tres semanas una inyección financiera del Tesoro General de la Nación para garantizar la compra de carburantes. Como parte de los acuerdos alcanzados con los sectores productivos, se ha comprometido la transparencia en la publicación de cronogramas de despacho. Ambas partes acordaron una nueva reunión de evaluación para el 31 de agosto con el fin de monitorear el cumplimiento de los compromisos suscritos.
Análisis Político
La estrategia gubernamental se centra en la contención de la crisis mediante la transferencia de recursos del Tesoro General de la Nación y la apertura a la participación del sector privado en la importación. Al trasladar el costo del diésel a los grandes consumidores, el Ejecutivo intenta proteger la subvención para el usuario común mientras busca frenar la fuga de divisas y el contrabando, una medida que genera tensiones con los sectores agropecuarios que califican la política de discriminatoria.
El Gobierno gana tiempo al establecer mesas de diálogo con los sectores cívicos y productivos, evitando una escalada de protestas sociales inmediatas. Sin embargo, pierde credibilidad ante la persistencia de las filas y la incertidumbre sobre el diésel. La narrativa oficial se construye sobre la idea de que el problema es logístico y de especulación, mientras que los sectores afectados construyen una narrativa de crisis estructural y falta de previsión estatal.
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