El sistema eléctrico colombiano enfrenta una presión crítica debido al fenómeno de El Niño, con una brecha de generación térmica que se sitúa en 82,8 GWh/día frente a la meta de 100 GWh/día establecida por la Creg. Esta situación ha llevado al Gobierno a admitir dificultades operativas y logísticas en la implementación de la resolución que exige a las térmicas operar a máxima capacidad para preservar los embalses. La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, anunció que se realizarán reajustes normativos para mejorar la operatividad del sector y evitar un posible racionamiento. Las empresas generadoras, representadas por Andeg, han señalado que la regulación actual desincentiva la producción adicional al obligarlas a generar a pérdida, reconociendo únicamente el costo del combustible sin cubrir otros gastos operativos. A esto se suma una cartera de deuda en el mercado mayorista que asciende a 4,29 billones de pesos, afectando principalmente a las plantas térmicas. Expertos advierten que el encarecimiento de los combustibles importados, agravado por tensiones geopolíticas, presiona aún más los costos de generación y las tarifas finales para los usuarios. XM, el operador del mercado, ha reiterado que el periodo entre diciembre de 2026 y marzo de 2027 será el más crítico para el suministro energético nacional. El sistema opera con márgenes estrechos debido a la caída en la exploración de gas, retrasos en proyectos de transmisión y un aumento del 24% en la demanda eléctrica desde 2019. Ante este panorama, tanto autoridades como gremios coinciden en la necesidad de fortalecer el respaldo térmico y promover el ahorro de energía para garantizar la estabilidad del sistema.

Análisis político

La estrategia gubernamental se centra en una gestión de crisis reactiva, donde la flexibilización regulatoria busca corregir fallas de diseño que ignoraron las realidades financieras de los generadores. Se observa una tensión entre la necesidad técnica de maximizar la generación térmica para proteger el agua y la viabilidad económica de las empresas, lo que ha forzado al Ejecutivo a reconocer que la imposición de metas sin incentivos financieros adecuados resulta ineficaz. En este escenario, el Gobierno pierde credibilidad al admitir la necesidad de reajustar una norma expedida hace pocas semanas, mientras que los gremios energéticos ganan terreno al posicionar sus advertencias sobre la sostenibilidad financiera como la causa raíz del problema. La narrativa oficial intenta equilibrar la urgencia de evitar el racionamiento con la defensa de la transición energética, mientras que la oposición y los gremios construyen un relato basado en la falta de planeación y la herencia de problemas estructurales no resueltos.