Victimización del comercio cae a 56,6% a nivel nacional según encuesta de la CNC
Resumen
La tasa de victimización del comercio en Chile descendió al 56,6% durante el primer semestre de 2026, marcando una reducción respecto al 61,2% registrado en el periodo anterior. El estudio de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) destaca descensos significativos en ciudades como Iquique, Santiago y Temuco, aunque advierte sobre un incremento en la conurbación Valparaíso-Viña del Mar. El robo hormiga se mantiene como el delito más frecuente, afectando al 22,6% de los establecimientos encuestados.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró los resultados como señales positivas y destacó la mejora en la percepción de la gestión gubernamental frente a la delincuencia. A pesar de este avance, el informe revela que el 58,4% de los comerciantes afectados opta por no denunciar, principalmente por desconfianza en la eficacia del sistema investigativo. Entre quienes sí realizaron denuncias, un 70,8% manifestó no haber obtenido los resultados esperados, evidenciando una brecha persistente en la justicia.
La presencia de comercio ilegal en las cercanías de los locales sigue siendo un factor crítico, elevando la victimización al 67,9% en comparación con el 51,7% de quienes no enfrentan esta situación. El presidente de la CNC, José Pakomio, enfatizó que, aunque las cifras son esperanzadoras, el alto costo de las medidas de seguridad privada impacta en la capacidad de contratación de las empresas. Ambas partes coincidieron en la necesidad de profundizar la coordinación público-privada para consolidar estos avances y fortalecer la seguridad en los barrios comerciales.
Análisis Político
La estrategia política observada se centra en la validación de la gestión gubernamental mediante indicadores estadísticos que muestran una mejora en la percepción de seguridad y en la evaluación de las instituciones del Estado. El Gobierno busca capitalizar estos resultados como una validación de su enfoque en la coordinación público-privada, mientras que el sector privado utiliza los datos para presionar por políticas más efectivas contra el comercio ilegal y la reducción de las barreras burocráticas que desincentivan la denuncia.
En este escenario, el Gobierno gana legitimidad al mostrar una tendencia a la baja en la victimización, mientras que el sector privado se posiciona como un actor vigilante que, aunque reconoce los avances, mantiene la presión sobre la ineficacia del sistema judicial. La narrativa oficial se construye sobre la idea de 'brotes verdes' y recuperación de espacios, mientras que la narrativa de los comerciantes se enfoca en la persistencia de la inseguridad estructural y el alto costo económico que deben asumir para proteger sus negocios.
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